SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2018-S1

Sobre el art. 235.1 del CPP, la accionante alega que las autoridades demandadas sostuvieron que la existencia de acusación fiscal no desvirtúa este peligro de obstaculización; sin embargo, desconocieron que el proceso penal comprende las fases: preliminar, preparatoria y de juicio, por cuanto si existe acusación fiscal se supone que el Ministerio Público ofreció la prueba literal, material como testifical y el cuaderno de investigación tiene carácter de utilidad y no de prueba, no existiendo la posibilidad que pueda destruir, modificar, ocultar, suprimir y/o falsificar elementos de prueba, por lo que las autoridades demandadas en base al  principio de favorabilidad debieron utilizar los principios de ponderación y prelación, asumiendo que se defienda en libertad, pero de forma contraria no fundamentaron adecuadamente conforme a los arts. 7 y 221 del CPP, como tampoco se basaron en ninguna prueba para suponer la existencia de esa influencia, obviando la finalidad de las medidas cautelares como la averiguación de la verdad que se despliega en la etapa preparatoria -en la que ya no se encuentra el proceso penal ante la existencia de la acusación- y al pedir un nuevo elemento de convicción implícita e irracional solicitan una sentencia de inocencia.

Del contenido de la Resolución 318/2017 cuestionada, se constata que las autoridades demandadas sustentándose en el principio de imparcialidad previsto en el art. 178.I de la CPE y en aquellos que rigen el sistema acusatorio del procedimiento penal, señalaron que si bien se presentó en calidad de prueba el cuaderno de investigaciones, este ofrecimiento y presentación fue de forma genérica, sin que se hubiera especificado o determinado fechas ni el contenido -entiéndase de elementos de convicción- que haría desvirtuar este riesgo procesal, siendo la pretensión de la parte apelante que el Tribunal de alzada de oficio revise todo el cuaderno de investigaciones, cuando tenía la obligación de hacer constar cuál la prueba tendiente a desvirtuar el referido peligro de obstaculización; “...además no por el hecho de haberse presentado una acusación, desaparece automáticamente este peligro procesal, recordemos que el Art. 239 num. 1) del Código de Procedimiento Penal y las Sentencias Constitucionales que hemos invocado en conclusiones anteriores, que establecen claramente que la parte imputada debe desmerecer este peligro procesal y en el presente caso no lo ha hecho” (sic).

Estos fundamentos de forma clara y suficiente, exponen las razones por las que los Vocales demandados determinaron la subsistencia de este peligro de obstaculización, al denotar que la parte apelante -hoy accionante- incurrió en un ofrecimiento general del cuaderno de investigaciones, encontrándose su valoración limitada al no haberse individualizado el elemento convicción con el cual se pretendía desvirtuar el supra referido peligro de obstaculización, aspecto por el que además, la alegación de la accionante en torno a que no se basaron en ninguna prueba para suponer la existencia de esa influencia, no es atingente cuando los Vocales demandados advirtieron justamente la carencia de identificación de los elementos de convicción de los que pretendía valerse, a los fines de la acreditación de este riesgo procesal y consecuente modificación de su situación jurídica.

Así también, los razonamientos contenidos en la determinación jurisdiccional cuestionada -en este punto de análisis-, no implican -a contrario de lo manifestado por la parte accionante- el desconocimiento de las fases o etapas que involucran el proceso penal, ni de los principios de favorabilidad, ponderación como prelación -extrañados en su aplicación-, como tampoco que a partir de dichos razonamientos se hubiesen obviado los preceptos de los arts. 7 y 221 del CPP, toda vez que al haberse aseverado la inviabilidad de la pretendida inconcurrencia automática de este peligro de obstaculización por la sola existencia de acusación, y que a la parte imputada le corresponde desvirtuar ese peligro de obstaculización, no significa que a partir de ello, deba entenderse a esta exigencia procesal como una implícita e irracional solicitud de sentencia de inocencia -como interpreta la parte accionante-.