SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0349/2018-S3

La SC 0148/2010-R de 17 de mayo, con relación a los presupuestos de vías de hecho para su activación, fue modulada por la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, que estableció: “ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”, de cuyo razonamiento se advierte que para la tutela constitucional contra vías de hecho emergente de avasallamientos se requiere cumplir con el requisito del registro de titularidad, exigencia que impide impartir justicia; denegar la tutela provisional por falta de esta  formalidad, implica reconocer como legales las medidas de hecho, posibilitando que una persona pueda hacer justicia por mano propia, condición que vulnera los principios de progresividad y favorabilidad; sobre la base de la verdad material, también puede acreditarse el derecho propietario a través de la posesión del inmueble de forma pacífica ininterrumpida y previo el cumplimiento de la función social, conforme lo prevén los arts. 56.I y 180.I de la CPE; consiguientemente, exigir como requisito determinante el registro de propiedad, limita la materialización real de acceso a la justicia constitucional, a una interpretación extensiva en base a los principios de  progresividad y favorabilidad, consagrada por los         arts. 13.I y 256.I de la Norma Suprema, vulnerando el art. 56.I de la Ley Fundamental, que señala: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social”, esto quiere decir que para merecer la tutela provisional frente a avasallamientos de hecho, alternativamente a la inscripción del derecho propietario se puede acreditar también a través de la posesión pacífica, continuada y el cumplimiento de la función social; por ende, ésta radica en que los bienes sean productivos tanto para su dueño como a la comunidad, es decir, satisfaga las necesidades del titular y del resto de la sociedad. Se cumple con dicha función de la propiedad, cuando a esta última se le da una utilidad que beneficia a toda la sociedad en general.