SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2018-S1

Respecto al cuarto motivo del recurso de apelación interpuesto, los Vocales demandados no realizaron una verdadera fundamentación y convalidación de la apreciación personal del Juez a quo que determinó sin respaldo probatorio el pago de la suma de Bs5 000.- (cinco mil 00/100 bolivianos) a cada víctima  por concepto de gastos procesales; al señalar -ante su reclamo- que actuó correctamente valorando la Sentencia emitida y los antecedentes del proceso “Octubre Negro”, sin tomar en cuenta que dentro de cualquier tramitación judicial para acreditar un hecho se debe sostener con medios de prueba, en el caso de la reparación del daño, quien reclama la cuantificación de una obligación monetaria, su cumplimiento o ejecución debe probarla válidamente, demostrando los daños sufridos y su relación directa con el hecho ilícito, conforme dispone el art. 386 del CPP, situación que no aconteció; puesto que, los demandantes no acreditaron con prueba real, objetiva y material que los gastos procesales asciendan al monto fijado por el Juez inferior, que por el contrario, ante la producción de una prueba pericial, estableció que no podían determinar los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas y demandantes, al no tener ninguna prueba material sobre ese extremo; no habiendo las autoridades demandadas al momento de determinar el monto a ser resarcido con relación a los gastos procesales, fundamentado la misma en base a la prueba aportada y no solo en indicios -testimonio-, cuando además el Juez a quo no realizó un estudio pormenorizado e individualizado respecto a cada víctima en razón a que la situación de cada una de ellas es distinta, extremo que no fue abordado por los Vocales demandados, que sólo adujeron que el monto fue correctamente establecido, sin cumplir su labor de fiscalización validando el monto de dinero fijado para todos los acusados quienes están obligados a pagar sobre gastos que supuestamente las víctimas hubiesen realizado, sin darse a la tarea de revisar si dentro de los antecedentes del proceso existen las constancias de los gastos determinados.