SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0404/2018-S4

A criterio de los Vocales aludidos, no existe una prohibición absoluta de que el Centro Penitenciario de Chonchocoro, sea única y exclusivamente para condenados y no así para detenidos preventivamente; igualmente, que la prueba adquiere ese carácter en juicio y que existiría un principio de presunción de verdad, inmerso en el Código Niña, Niño y Adolescente; pretendiendo a través de dicha decisión, evitar la obstaculización del presente proceso, extremos que consideró lesivos al debido proceso en su vertiente “aplicación estricta de la ley”, por cuanto los demandados no leyeron a detalle lo inmerso en el art. 95.5 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013 –Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia– que señala que en cuanto a la prueba documental, además de otras establecidas por ley, se admitirán las “…Cartas, mensajes de texto, correos electrónicos u otros OBTENIDOS LICITAMENTE” (sic).

Si bien es cierto que por mandato del art. 86.11 de la mencionada Ley, prevalece la verdad material por encima de la formal pura y simple, no puede dejarse de lado que en el caso concreto no es una simple formalidad la que se pide, por cuanto los presuntos correos y/o mensajes enviados a la menor, nunca fueron objeto de peritaje legal que haya determinado que el contenido y el conducto de los mismos sea real o mínimamente “encaminados” por el accionante; tampoco las visitas a la menor en su colegio y la comunicación con su niñera fueron comprobadas. Al respecto, el art. 13 del Código Procedimiento Penal (CPP), dispone que los elementos de prueba solo tendrán valor si son obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a ley; empero, las autoridades demandadas se aferraron al mando constitucional y formal del art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 86 de la Ley 348, que no está por encima del derecho constitucional del debido proceso, más tomando en cuenta que el inciso 12) del referido artículo, señala que “…la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público” (sic).

Asimismo, la determinación cuestionada es excesiva, violentando su condición humana, por cuanto no solo significó al cambio de lugar en el que se estaba habituando, inclusive con un oficio legal; también se dispuso medidas protectoras, que si bien están previstas por ley, no es menos cierto que pudo haberse garantizado de la misma manera y con igual eficacia el presunto peligro de obstaculización que se alude, sin la necesidad del mencionado traslado; igualmente, le afecta drásticamente al estar recluido con personas que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas.