SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0054/2019

Así, la observancia del principio de unidad de materia reviste de insoslayable relevancia constitucional pues, exige del legislador una actividad racional encaminada a la construcción de normas que garanticen el principio democrático; y como consecuencia, el Estado de derecho. Sobre esta particular relevancia la Corte Constitucional de Colombia, señalo lo siguiente: “El objetivo de esta garantía constitucional consiste en racionalizar y tecnificar la actividad legislativa, de tal manera que: (i) exista coherencia normativa sistemática reflejada al interior de la Ley con el resto del ordenamiento jurídico; (ii) se impida la inclusión súbita, sorpresiva, inopinada o subrepticia de normas extrañas, aisladas, inconexas y contrarias al objeto de la ley; sobre las cuales no haya existido un verdadero debate; (iii) se consolide la voluntad democrática en el marco de una deliberación pública transparente. Por consiguiente, se restringe la formación de las leyes a un contexto temático determinado, que propende por un diálogo legislativo coherente, informado y productivo y que, como consecuencia de ello; (iv) se garantice la protección de la seguridad jurídica⁾; y (v) se facilite el conocimiento y cumplimiento de la norma por parte de la sociedad y, en particular, de sus destinatarios…” (las negrillas fueron agregadas) (Sentencia C-047/18 de 23 de mayo de 2018).

El referido fallo, con relación a la metodología para verificar una presunta vulneración al principio de unidad de materia, estableció los siguientes parámetros: “…(i) verificar el contenido temático de la ley -su materia-, en este sentido, cabe recordar que existen, al menos, tres herramientas útiles: (a) el título o epígrafe de la ley, que precisa y define la materia a tratar; (b) el contexto o contenido básico de la norma; y (c) los antecedentes legislativos, valga decir, la exposición de motivos, los informes de ponencia, las actas de los debates en comisiones y en plenarias y sus textos originales, modificados y definitivos. Lo anterior, haciendo especial énfasis en la disposición objeto de acusación; (ii) determinar si entre la disposición impugnada y esa materia existe conexidad constitucionalmente aceptable”.

En el caso que se analiza, el art. 20 de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2010, referido a la remuneración máxima del sector público, señala: “Es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y/o instancia colegiada, velar por la observancia de los niveles adecuados de la remuneración máxima, misma que independientemente de la fuente de financiamiento, tipología de contrato, modalidad de pago y grupo de gasto para su ejecución, se rige por las siguientes disposiciones: