La suscrita Magistrada en aplicación del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo.) formula Voto Aclaratorio en los arts. 76.II y 85.II; de la DCP 0081/2019 de 27 de noviembre, conforme a los siguientes argumentos:

El parágrafo II del art. 85 del proyecto de Norma Institucional Básica, pretende prever que la AIOC del Jatun Ayllu Yura, priorizará la contratación de personal técnico de jóvenes y profesionales originarios; contenido del cual, se extrae que la referida intención de priorizar la contratación de personal y jóvenes profesionales originarios de su jurisdicción, conlleva la necesidad de una reflexión de carácter constitucional.

De acuerdo a lo expresado, en el Fundamento Jurídico II.3 del presente Voto Particular, la nueva estructura estatal se sustenta en la igualdad, conforme se encuentra previsto en los arts. 8 y 9.1y2 de la CPE, que al considerarse como un principio valor debe ser interpretado de forma transversal en todo el Texto Constitucional y ser aplicado en el ejercicio material de los derechos reconocidos constitucionalmente; asimismo, el nuevo ordenamiento constitucional prohíbe y garantiza la no discriminación en razón de origen, sexo, color y edad entre otros (art. 14.II y III de la CPE).

En ese marco, la disposición objeto de análisis, al prevér que se priorizará la contratación de personal técnico de jóvenes y profesionales originarios en su jurisdicción, inicialmente daría a entender la intencionalidad de incurrir en discriminación en razón de origen, al referir que prioritariamente se contratará personal originario; empero, es importante precisar que como se desarrolló en el Fundamento Jurídico II.4 del Voto Particular, el constituyente ha incorporado un conjunto derechos y prerrogativas en favor de las NPIOC, que garantizan su libre determinación consistente en su autonomía, su autogobierno, su identidad cultural y el reconocimiento de sus propias instituciones, así como sus saberes y conocimientos tradicionales, que posibilitan su participación activa en la estructura estatal y el ejercicio de su autonomía; consecuentemente, la pretensión regulatoria de priorizar la contratación de personal técnico de jóvenes y profesionales originarios, no debe ser entendida como un elemento discriminador que contravenga las disposiciones constitucionales, sino como un aspecto propio de su cultura y cosmovisión dirigida a lograr la superación e involucrar a los jóvenes y profesionales de su región, en la administración de la cosa pública al interior de su propio gobierno autónomo, impidiendo con ello a la vez la migración de los mismos a otras regiones en busca de oportunidades; toda vez, que los datos de los últimos Censos Nacionales muestran con cierta preocupación la migración masiva de ciudadanos del área rural hacia las capitales de departamentos o en definitiva fuera del territorio nacional.