VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0101/2019-S2

La parte accionante denuncia que: a) Fue imputado formalmente por el delito de violencia familiar o doméstica como resultado de una aprehensión ilegal y declaración que no tomó en cuenta su condición de discapacidad auditiva, ni asistencia de un abogado de oficio; y, b) Se dispuso su detención preventiva, sin considerar su estado de discapacidad ni proporcionarle defensa técnica, como tampoco se valoraron los documentos presentados para acreditar familia, trabajo y domicilio; vulnerando con ello, sus derechos a la libertad de locomoción y a la salud; por lo que, solicita: 1) Su libertad inmediata; 2) Se reparen los defectos en el procedimiento que se cometieron por parte de la Fiscal de Materia codemandada; es decir, hasta que se cite legalmente y esté a derecho; y, 3) Se deje sin efecto la Resolución del Juez de la causa, que dispuso su detención preventiva.

a)       Debida diligencia: El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[5], instrumento jurídico internacional del sistema universal de Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, emitió la Recomendación general 19, en la que se afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.