VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0101/2019-S2

Por su parte, el art. 86 de la citada Ley, señala que en las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal, deben regirse por principios y garantías específicas previstas en la dicha Ley, siendo uno de ellos, el de: “Imposición de medidas cautelares”, según el cual “Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal” (las negrillas fueron agregadas); entendimiento que fue asumido por la jurisprudencia constitucional en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que desde una perspectiva de género, interpretó el     art. 234.10 del CPP en el Fundamento Jurídico III.2[8], al señalar que en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a)     En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante.