VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0101/2019-S2

Por su parte, la Convención Belem do Pará señala en el art. 7.g), la obligación para los Estados de “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces” (las negrillas nos corresponden). Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues, lo que se busca es la reparación y compensación justa del daño causado superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual representa, la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos, y armonizarlos con la Convención de Belem do Pará; que es lo que aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano.