SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0384/2019-S4

La Norma Fundamental, en concordancia con los Convenios y Tratados internacionales en materia de derechos humanos, reconoce al debido proceso con todos los elementos que la componen como una prerrogativa fundamental a ser observada en la tramitación de todo proceso ya sea de índole jurisdiccional o administrativo, encaminadas a materializar el valor justica; en mérito a que no se trata de la consecución formal de etapas sino del efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las partes procesales en contienda, respecto a lo cual, luego de una sistematización jurisprudencial, se concluyó que: “…el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso.

(…) como se aprecia de las citas de los artículos 115.II y 117.I  de la CPE, efectuadas anteriormente, la Constitución vigente, en el marco de las tendencias actuales del Derecho Constitucional ha plasmado de manera expresa el reconocimiento del debido proceso; derecho-garantía-principio, respecto al que existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en cuanto al contenido e implicaciones referidos por la jurisprudencia glosada, la que por ello guarda estrecha congruencia con la carta fundamental vigente y es plenamente aplicable, a pesar de haber sido desarrollada en el marco de la abrogada, resaltando que su carácter de derecho fundamental lo hace exigible ante cualquier procedimiento, sea público o privado.

           En similar sentido se pronunció la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, que sostuvo que ‘…el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano (…)’” (SCP 0902/2010-R de 10 de agosto).