SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0411/2019-S2

           Al respecto, cabe señalar que el derecho de petición como derecho fundamental de la persona, se encuentra consagrado en el orden constitucional interno, como en los Instrumentos Internacionales, en mérito a que toda petición se la efectúa con la pretensión de obtener una contestación, de la autoridad a quien se la formula, la que está en el deber de dar una respuesta sea en sentido positivo o negativo, de manera clara, fundamentada y oportuna, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuyo entendimiento expresa que toda petición formulada por las partes procesales, merece una respuesta sea positiva o negativa, clara concreta y precisa, debidamente fundamentada, lo que no aconteció en el caso de autos, que los Jueces hoy demandados ante las constantes peticiones de la accionante, se limitaron a dictar providencias referidas a la Ley 586, sin explicar por qué la cita de esa normativa, lo que no es admisible en un Estado de derecho, en mérito a que si bien consideraban que era aplicable en su caso el procedimiento establecido por la citada Ley 589, debieron emitir una Resolución debidamente fundamentada, exponiendo los motivos y razones, por los cuales, llegaban a esa conclusión, los que omitidos dejaron sin resolver la situación jurídica de la accionante, por su conducta reiterativa de no pronunciarse en el fondo de sus peticiones, actuación que lesionó efectivamente, los derechos tanto a la petición invocado por la impetrante de tutela, como el debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, al omitir no solo dar una respuesta a las pretensiones formuladas, sino también de no resolverlas a través de la emisión de una Resolución como correspondía, que contenga la debida fundamentación y motivación que exprese y transmita con claridad los motivos que la sustenten.