SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0331/2019-S3

Sin embargo, la aplicación de este principio no deberá entenderse, en el sentido de que la parte accionante, no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que consideren fueron vulnerados; sino más bien, deberá entenderse en el sentido, de que sí tienen el deber de cumplir con aquel requisito en todas las acciones de defensa; por lo que este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador constitucional, identifique -ante la negligencia de la partes- los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible” (las negrillas nos pertenecen).

De la jurisprudencia constitucional citada se puede concluir que el requisito contenido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no debe ser interpretado de manera restrictiva, no pudiéndose rechazar la acción o denegar la tutela en el caso de que el accionante no haya invocado las disposiciones constitucionales infringidas por error u omisión involuntaria, sino que en atención al derecho de tutela judicial efectiva y el principio iuria novit curia, debe procederse a analizar la causa con base a la exposición de los hechos y su relación con los derechos supuestamente vulnerados; asimismo, también se pueden tutelar otros derechos fundamentales conexos y de los que se pudiera deducir su lesión a partir de la exposición de los hechos por parte del accionante, así como los informes presentados por los demandados y lo alegado en audiencia.