SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2020-S4

             Hasta antes de la vigencia del DS 28699, el Órgano Ejecutivo había identificado la vigencia y aplicación de normativa laboral que no era coherente con el modelo de Estado vigente ese entonces, pero además, que no guardaba armonía con la Ley General del Trabajo y su Reglamento; así, los arts. 55 del DS 21060 de 29 de agosto de 1985, 39 del DS 22407 de 11 de enero de 1990, y 13 de la Ley 1182 de 17 de septiembre de 1990, desamparaban a los trabajadores asalariados, al establecer la “libre contratación o recisión de los contratos de trabajo” –no obstante que ello debía ser con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo y su Decreto Supremo Reglamentario, condición que no llegaba a cumplirse–, en franca contradicción del principio proteccionista, previsto en los arts. 157 y 158 de la CPE vigente a esa fecha (2006), que determinaba que: “El Estado tiene la obligación de crear condiciones que garanticen para todos, posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, asegurando de esa manera la continuidad de sus medios de subsistencia para mejorar las condiciones de vida de las familias”.