SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0081/2020-S3

En el orden de ideas señalado, debe precisarse que la SC 1796/2003-R de 5 de diciembre, precisó: ‘…la acción debe dirigírsela no solamente contra el deudor, sino que necesariamente debe plantearse también contra el garante hipotecario, por ser una persona que de manera directa, puede ser afectada en sus derechos con los efectos con la sentencia o decisión final ejecutoriada, vale decir que lo que se busca es evitar que en la tramitación de los procesos se lesione la garantía del debido proceso, en cuanto se refiere al derecho a la defensa que tiene cualquier persona con interés legítimo y directo -como es el garante hipotecario-, que debe tener la oportunidad de intervenir en la tramitación del proceso, a fin de hacer valer los medios de defensa que la ley le otorgue a su alcance, para que en caso de ser vencido en juicio no existan decisiones que afecten sus derechos, sin antes no haber sido oído y escuchado’. Como se puede advertir del tenor literal del razonamiento transcrito precedentemente, esta parte del citado fallo, se encuentra en armonía con el razonamiento plasmado en el entendimiento fundante contenido en la SC 0136/2003-R, pero además, la SC 1796/2003-R, complementa el razonamiento de la SC 0136/2003-R, agregando al entendimiento de la línea jurisprudencial vinculada al garante hipotecario, lo siguiente: ‘…la demanda coactiva y la sentencia, se inició y se emitió en contra de (…), vale decir que en principio la acción no se inició contra el garante hipotecario. Sin embargo de esa inicial irregularidad procesal, en ejecución de sentencia, el juez recurrido dispuso la notificación del recurrente con el avalúo pericial, mandamiento y acta de embargo del inmueble y otros, diligencia de notificación que mediante cédula se realizó en el domicilio procesal (…) en tal situación el recurrente tuvo conocimiento de la tramitación del proceso coactivo y de los actos de ejecución que venían realizándose, cumpliéndose de esta manera con la finalidad de la notificación que es hacer conocer a la parte -recurrente o garante hipotecario- los actos procesales para que a partir de ese momento pueda asumir defensa de sus derechos e intereses que se consideren lesionados’.