SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2021-s3
Fecha: 23-Feb-2021
1)
El accionante a través de su abogado, en audiencia se ratificó in extenso en los argumentos expuestos en su demanda constitucional y ampliándola, señaló que:
1) Se encuentra indebidamente procesado y privado de libertad; puesto que, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares formuló incidentes de ilegalidad de aprehensión, nulidad de imputación y de nulidad de notificación -aclara que la resolución respecto a este último no es motivo de esta acción de defensa al no estar vinculado con su libertad-, los cuales fueron rechazados por el Juez a quo, ante ello, interpuso recurso de apelación; sin embargo, remitidos los antecedentes al Tribunal de Alzada y al momento de resolver dicho recurso, los Vocales accionados mediante Auto de Vista 46/2019 no motivaron jurídicamente por qué la orden de aprehensión y la aprehensión en sí misma son legítimas en los términos del art. 226 -del CPP-; por cuanto, fue aprehendido días después de haber prestado su declaración informativa, y no de forma inmediata de cumplido ese acto procesal como era correcto, reclamo que no mereció pronunciamiento alguno de parte de las autoridades hoy accionadas; 2) Con relación al rechazo del incidente de nulidad de la imputación formal y la aplicación de medida cautelar de detención preventiva en su contra, determinaciones que también fueron recurridas en apelación, el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista ahora cuestionado, tampoco fundamentó y motivó por qué dicho requerimiento conclusivo
-que constituye el requisito habilitante para su detención preventiva-, está debidamente fundamentado y motivado; toda vez que, el hecho por el cual fue imputado no se adecua al tipo penal de prevaricato; por ello, denunció la ausencia de juicio de tipicidad y de subsunción del hecho al tipo penal; empero, no mereció pronunciamiento de la autoridad a quo ni de los Vocales accionados, situación que tiene vinculación con su derecho a la defensa, pues si no conoce con certeza los hechos que se adecuan al tipo penal, se ve impedido de constituir una defensa eficaz; motivo por el cual, denuncia que los riesgos procesales son absolutamente inmotivados porque no hay una labor intelectiva del Fiscal que establezca la concurrencia de esos riesgos procesales; 3) Otro de sus agravios de apelación estaba referido a la supuesta existencia del primer presupuesto -para aplicar la detención preventiva-, previsto por el art. 233.1 del CPP, aspecto que no mereció análisis de parte de los Vocales accionados, pues no expresaron ningún argumento al respecto; y, 4) La carga probatoria para demostrar la concurrencia de los riesgos procesales corresponde a la parte acusadora, quien mediante prueba idónea y pertinente debió acreditar que su persona no tiene una actividad lícita; sin embargo, el Ministerio Público no aportó ningún elemento para evidenciar el riesgo procesal de fuga en completa afrenta a la garantía de presunción de inocencia; por lo que, pese a no ser su obligación, a efectos de desvirtuar dicho peligro procesal, en audiencia presentó documentación idónea que acredita que es abogado en ejercicio libre de la profesión, que tiene constituida su oficina particular en la ciudad de Trinidad del departamento de Beni, adjuntando al efecto su credencial profesional, el Número de Identificación Tributaria (NIT), registro de comercio, licencia de funcionamiento, contrato de alquiler, recibos de pagos de canon de arrendamiento y un acta de inspección notarial; empero, el Juez a quo, lejos de valorar de forma integral y armónicamente tales probanzas dijo “…no vamos a buscar un pelo en la leche, no hay facturas, entonces como no hay facturas, voy a presumir que no tiene clientes, y que como no tiene clientes voy a presumir que no tiene trabajo…” (sic), interpretación que fue ratificada por los Vocales accionados, agregando que son necesarias no solamente las facturas, sino tiene que hacer una “especie” de balance y declarar sus ingresos mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), lo que es absolutamente inconstitucional por ser excesivo y lesionar la garantía de presunción de inocencia, porque si una de las partes aporta de forma voluntaria un elemento probatorio, el mismo no puede ser utilizado en su propio perjuicio, correspondiendo efectuar una interpretación más favorable y armoniosa en términos de garantizar el debido proceso, en el marco de la SCP 276/2018-S2 de 25 de junio.
- acción de libertad
- a)
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- Fragmento 4
- 1)
- i)
- I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad:
- El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero,
- es la activación del incidente de actividad procesal defectuosa ante el Juez de la causa
- Cabe precisar que, en caso de activarse este tipo de incidente, impugnando una aprehensión supuestamente ilegal, dicho trámite debe ser concluido en todas sus instancias, y cuando se hubiere obtenido una resolución final, si aún se constatan vulneraciones al derecho a la libertad o de locomoción no reparadas, entonces corresponderá recién acudir a la jurisdicción constitucional mediante el presente mecanismo de defensa
- el legislador a concebido la apelación incidental en sus dos vertientes, marcando una singular diferencia entre ambas, que parte esencialmente de la naturaleza del debate procesal del cual emerge, su procedimiento y el alcance y efectos de la resolución de alzada, de modo que en el marco del principio de legalidad, es obligación de las partes que se consideran agraviadas con una resolución de la autoridad de primera instancia, alcanzada por la apelación incidental, encausar su recurso de acuerdo a la naturaleza del fallo a impugnar, -que converge a su vez en la génesis procesal del reclamo- haciendo uso del mecanismo establecido por el art. 251 del CPP, o por el contrario al previsto por el art. 403 y siguientes del citado Código, según corresponda
- debido proceso
- Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia
- a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad
- III.4. De la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como parte del debido proceso
- la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador
- fundamentación y motivación
- la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática”; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
- Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos expresados por el administrador de justicia, quien recurre a las normas del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión,
- por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- Por ser de interés al presente caso nos referiremos a la incongruencia por citra petita, llamada también omisiva o ex silentio, que se produce al omitir la decisión de un asunto cuya resolución formó parte de la contienda, falta de pronunciamiento que puede ser total o parcial
- III.5. Análisis del caso concreto
- Respecto a la apelación incidental contra el Auto por el que se rechazó
- incidente
- Respecto a la apelación incidental contra el Auto por el que se rechazó el incidente de nulidad de imputación formal
- Respecto a la apelación incidental contra el Auto por el que el Juez a quo determinó la detención preventiva del accionante
- 1) De los agravios del recurso de apelación incidental
- 2) Fundamentación y motivación del Auto de Vista 46/2019
- primer agravio
- segundo agravio
- fundamentación
- en su elemento a la motivación,
- CONFIRMAR