SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0241/2021-S3

Bajo ese contexto, revisadas las citadas certificaciones en contraste con la solicitud de 1 de junio de 2020 y reiterada por escritos de 4 y 12 de igual mes y año, se logra advertir que éstas carecen de una respuesta material a lo requerido, puesto que no cubre las pretensiones del peticionante de tutela, quien fue concreto al pedir que Asesoría Jurídica le certifique sobre el estado actual de la denuncia de reincorporación iniciada por Andrea Verushka Gonzales Vides, que concluyó con la conminatoria de reincorporación METPS/JDPTCBBA/N068/2016 y si existía notificación con alguna Resolución Ministerial emergente de los mecanismos de impugnación administrativa; además, si se practicó actuación procesal en defensa del SSU, posterior al recurso jerárquico planteado dentro el trámite administrativo y a la determinación emitida por el Tribunal de garantías dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por la nombrada; y, de ser así, se le extienda copia simple de lo obrado. De igual manera, la Nota CI-GAF/034/20 de 26 de junio de 2020, emitida por el responsable de la Gerencia Administrativa Financiera no respondió acerca de la tenencia o no de algún informe legal, técnico y financiero sobre el pago de sueldos devengados en favor de Andrea Verushka Gonzales Vides como emergencia de la Resolución de 2 de junio de 2016, el tiempo preciso en la cual desempeñó funciones como Gerente General a.i. del SSU de Cochabamba y la entrega de copia legalizada del Informe Legal “85/15”, que cursa en la Unidad de Asesoría Legal respecto al cumplimiento de dicha resolución; respuesta que, como sostiene la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, requiere la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y lo contestado, debiendo ser coherente y fundamentado, absolviendo lo impetrado, explicando los motivos de su negativa o rechazo y dentro un plazo prudente, situación que en el caso en concreto no se tiene por satisfecho, siendo evidente la inexistencia de una respuesta que haya contestado a lo expresamente peticionado sino más bien de forma ambigua e incompleta. A esto se suma, que los requerimientos pedidos por el peticionante de tutela, fueron también dirigidos formalmente a la Unidad de Gerencia General, de la cual el ahora accionado es su titular, quien solamente derivó el memorial de 12 de junio de 2020 -presentado el 23 del mismo mes y año-, escrito por el que se que reiteró la pretensión del 1 del mencionado mes y año, conforme se evidencia del sello de comunicación interna de 24 de similar mes y año, dirigido a las Unidades de Asesoría Legal, Gerencia Administrativa Financiera y Recursos Humanos, con motivo de proceder a lo exigido (Conclusión II.3), sin que se haya contestado dentro un plazo prudente, en sentido negativo ni positivo, máxime si lo requerido fue por su intermedio, debiendo ser el propio Gerente General a.i. del SSU -ahora accionado-, como responsable de liderar y coordinar las funciones de la institución a través de sus reparticiones -en base a los informes solicitados a sus subalternos-, emitir una respuesta de manera fundamentada, clara, precisa y congruente.