SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2021

El art. 202.11 de la CPE, establece la atribución de: conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales al Tribunal Constitucional Plurinacional. Según el art. 101 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la demanda puede ser planteada por cualquier autoridad indígena originaria campesina cuando estime que una controversia jurídica, está siendo tramitada por una autoridad de la Jurisdicción Ordinaria o Agroambiental sin competencia y solicitará apartarse del conocimiento de la causa correspondiente. A la inversa, las autoridades de la jurisdicción ordinaria y agroambiental también podrán suscitar conflicto de competencias ante las autoridades indígenas originarias campesinas.

El conflicto de competencias jurisdiccionales, es un mecanismo constitucional autónoma que no está sometido a las normas procesales de carácter ordinario, y tiene como única finalidad suscitar el conflicto de competencias, entendido como la facultad para promover o iniciar una demanda por parte de una autoridad jurisdiccional que se estima competente para conocer y resolver una determinada causa, a su similar de otra jurisdicción, cuestionando la competencia con la pretensión de que se aparte del conocimiento del proceso judicial y se remitan los antecedentes a la autoridad reclamante. En ese orden, la noción de este mecanismo procesal constitucional, no debe confundirse con los institutos de inhibitoria o declinatoria, que se encuentran regulados por las normas de orden procesal ordinario. Tampoco debe manejarse como si fuera una excepción de incompetencia.

Las competencias jurisdiccionales, emergen de la Constitución Política del Estado. De acuerdo al art. 190.I. de la Norma Suprema, que determina: “Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”, entendido como un sistema jurídico propio, para conocer y resolver controversias que afecten la vida de los indígena originario campesinos, que viven en sus territorios ocupados desde tiempos inmemoriales o fuera de ella.

Con relación a las autoridades ordinarias y agroambientales, su jurisdicción y competencia, surgen de los arts. 181 y 186 de la CPE, y una de sus particularidades es la división en diferentes materias, así como la civil y comercial, penal, familiar, agraria, tributario, niñez y adolescencia, laboral, entre otras, lo que no sucede en el caso de las autoridades indígena originario campesinos, sus competencias son de carácter integral, es decir, conocen y resuelven conflictos, tomando en cuenta la afectación a sus principios, valores y bienes jurídicos relacionados con la pacífica y armoniosa convivencia en la comunidad.