Auto Supremo AS/0207/2015-L

Resolviendo el recurso de casación en el fondo:
En principio, es menester hacer referencia a los arts. 115.II y 119 de la Constitución Política del Estado, que propugnan como garantías jurisdiccionales el derecho al debido proceso y a la defensa, como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo que debe ser interpretada conforme al principio de favorabilidad, antes que restrictivamente;
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales, razonamiento que fue desarrollado a través de la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre señaló lo siguiente: “(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”