Auto Supremo AS/0105/2017-RRC

III.1. De los precedentes invocados.

Con relación al motivo admitido en casación referido a que Tribunal de alzada, incurrió en incongruencia entre la parte considerativa y resolutiva del Auto de Vista por argumentar que el Juez a quo no realizó la fundamentación probatoria intelectiva individual y no expuso las razones para declarar la absolución de los imputados y sustentar la nulidad de la sentencia en la existencia del defecto previsto en el inc. 4) del art. 370 del CPP y que al haber declarado parcialmente probado el recurso de alzada debió disponer que el Juez de Sentencia emita una nueva sentencia y no anularla, los recurrentes, invocaron los siguientes precedentes:

El Auto Supremo 335/2011 de 10 de junio, dictado dentro un proceso penal seguido por los delitos de Despojo, Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión y Daño Simple, donde inicialmente se dictó sentencia absolutoria, apelada que fue, por Auto de Vista se anuló la sentencia disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia del lugar más próximo mediante reenvío, fallo que fue dejado sin efecto en razón a que el Auto de Vista impugnado, no fue debidamente fundamentado, completo, exhaustivo, ni lógico, al omitir la exposición clara, precisa y suficiente de los razonamientos efectuados sobre los justificativos y análisis de su conclusión de la existencia de defectos absolutos previstos en el art. 169 inc. 3) del CPP, así como violaciones al debido proceso; en consecuencia, la determinación de anular totalmente la Sentencia y disponer el reenvío del juicio, demostraría que no efectuó una valoración de las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento lógico, coherente y consecuente que exprese la elaboración de hechos fácticos concretos, claros y específicos, que lo lleven a derivar conclusiones jurídico-legales coherentes con tales hechos, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia; por consiguiente, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que es una premisa consolidada que toda resolución, como la emitida por el Tribunal de Alzada, debe ser debidamente fundamentada, vale decir, que es necesario que el Tribunal de Apelación, cumpla con los parámetros mencionados precedentemente: especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; y, emita los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentran en el Recurso de Apelación Restringida que corresponda, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del porque dicho acto se considera defecto absoluto y que principios constitucionales fueron afectados. La falta de fundamentación en las resoluciones jurisdiccionales constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; de ahí, que es necesario que cada resolución brinde a las partes procesales y a terceras personas interesadas, los razonamientos jurídicos esenciales del por qué se ha dispuesto de una u otra manera la Resolución del conflicto penal; además, con la fundamentación jurídica, el Juez o Tribunal legitima sus actos, esa motivación no puede ser sustituida por una repetición de frases hechas sobre el alcance del recurso o los requisitos de su fundamentación, sino que, en verdad debe descansar en la expresión del razonamiento requerido por la norma procedimental de forma imperativa”