SENTENCIA T-390 DE 2025

El 06 de septiembre de 2024, el delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo señaló que no se podía pronunciar sobre los hechos de la tutela, puesto que no contaron con ese documento. Sin embargo, afirmó que resumiría las gestiones defensoriales que han llevado a cabo en la zona que se relaciona con la acción de tutela, con el fin de que se incorporen como pruebas en el expediente.

En primer lugar, y a manera de contexto, la delegada afirmó que el pueblo Awá enfrenta una grave crisis socioambiental debido al conflicto armado y la contaminación ambiental por los derrames de petróleo. A su juicio, desde 1980 los enfrentamientos entre los grupos armados han generado situaciones de pobreza, violencia, disputas por la tierra y graves violaciones a los derechos humanos, con una afectación diferencial a la comunidad Awá. Para esta entidad, uno de los problemas más graves es el derrame de crudo de petróleo, pues dañó severamente los ríos Guelmambí, Inda y Caunapí, así como el ecosistema cercano a estos cuerpos de agua. Incluso, estos derrames comprometieron la posibilidad de acceder a agua potable; a llevar a cabo la actividad pesquera; y la salud de los habitantes por falta de acceso al agua limpia.

En segundo lugar, la entidad mencionó que la delegada para los Derechos Colectivos realizó una visita en la zona del OTA en el 2014, pues en su momento Corponariño afirmó que 9 de cada 10 derrames ocurrían por las comunidades vecinas que instalaban llaves para hurtar el crudo de petróleo. La delegada visitó las cuencas de los ríos Mira, Rosario y Caunapí y constató un grave impacto ambiental causado por el hurto de crudo que se procesaba en alambiques artesanales. Particularmente, estos cuerpos de agua resultaron afectados, por lo que la comunidad no pudo acceder a esa agua para su uso y consumo. A raíz de esto, se elaboró el informe “derrames de petróleo en fuentes de abastecimiento de agua en san Andrés de Tumaco”.

Asimismo, en el 2019, la Defensoría llevó a cabo la audiencia y presentación de la Resolución Defensorial No. 071 del 7 de junio de 2019, que abordó la crisis humanitaria en la región del pacífico colombiano. En este documento se indicó que los derrames de petróleo causaron una contaminación severa en ríos y fuentes de agua, lo que afectó significativamente la biodiversidad y el sustento de las comunidades locales. Además, la resolución subrayó cómo estos eventos han intensificado la vulnerabilidad y crisis humanitaria en las regiones afectadas. Por último, se elaboraron recomendaciones para mejorar la gestión de futuros derrames, que incluyeron la implementación de medidas preventivas más robustas como fortalecer la vigilancia sobre las operaciones de hidrocarburos para reducir el riesgo de incidentes; la actualización de los planes de contingencia; la necesidad de una respuesta más ágil y coordinada; y la importancia de proporcionar atención y compensación a las víctimas.

En tercer lugar, en el 2020 la Defensoría publicó el informe tripartito de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Resolución 071 del 7 de junio de 2019. En este informe de seguimiento se reconoció que la refinación ilegal de petróleo es una actividad conexa a la minería ilegal y el narcotráfico. Así pues, las refinerías artesanales producen gasolina y diésel para los equipos de minería ilegal y precursores para los laboratorios de drogas, lo cual generó impactos como la contaminación de suelos y los derrames en fuentes hídricas.

En cuarto lugar, la Defensoría afirmó que otro impacto negativo del OTA es la extracción ilegal de crudo por parte de actores armados, quienes utilizan el crudo para producir cocaína y como una herramienta para ejercer presión contra el Estado. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación presentó un informe de seguimiento a la atención de las contingencias presentadas durante 2015, producto de los ataques de los grupos armados al OTA.

En quinto lugar, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una jornada de “Defensoría en Tu Comunidad” del 7 al 13 de noviembre de 2023. Durante esta actividad, el Consejo Comunitario Unión Bajo Guelmambí presentó una denuncia pública por la contaminación ambiental causada por un derrame de hidrocarburos en el río Guelmambí. En respuesta a esto, se ofició a Ecopetrol y a Corponariño con el fin de obtener información detallada sobre la problemática.

A raíz de esto, la empresa CENIT respondió a estos requerimientos. En este documento afirmó que, entre 2019 y 2023, se registraron 397 incidentes de pérdida de contención de crudo en el OTA en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño. En Ricaurte, se reportaron 76 incidentes, de los cuales solo uno estuvo relacionado con la operación de la infraestructura de transporte, mientras que los otros 74 se atribuyeron a la instalación de válvulas ilícitas y a un atentado. Por su parte, en Barbacoas, se contabilizaron 365 eventos vinculados a válvulas ilícitas y seis atentados. En total, estos derrames resultaron en la pérdida de 2,799.57 metros cúbicos de crudo, aunque el volumen derramado en seis de los eventos aún está por determinar. Según la información suministrada por CENIT, de la cantidad total derramada, solo se lograron recuperar 457.57 metros cúbicos, lo que evidencia un significativo impacto ambiental en la región.

Además, CENIT informó que los derrames afectaron la captación del acueducto de Tumaco, en el río Mira, aunque durante los últimos cinco años no ha sido necesario suspender el servicio de agua gracias a la implementación de medidas de protección, como la instalación de barreras mecánicas en la bocatoma, incluidas en el Plan de Contingencia del OTA. A pesar de lo anterior, CENIT reportó que se registraron afectaciones frecuentes en los acueductos de La Ensillada y Altaquer, lo que obligó a las comunidades locales a reubicar algunas captaciones de agua a zonas menos vulnerables.

Por su parte, de acuerdo con Corponariño, se reportaron un total de 868 derrames de hidrocarburos en el OTA a lo largo de su recorrido por el departamento de Nariño entre el 8 de enero de 2021 y el 11 de diciembre de 2023. Para la Defensoría, estos datos reflejan la magnitud del problema, lo que destaca la urgencia de implementar medidas más efectivas para prevenir y mitigar los impactos de estos eventos en la región, ocasionados en gran medida por grupos armados.

Según la Defensoría, la región afectada por estos derrames se caracteriza por un alto volumen de precipitaciones a lo largo del año, lo que genera escorrentías que arrastran el hidrocarburo más allá de los límites del derecho de vía del oleoducto. Esta condición no solo aumenta el impacto ambiental, sino que también agrava las dificultades logísticas debido al acceso limitado a ciertas zonas. Algunas áreas son tan remotas que resultan inaccesibles, incluso para la fuerza pública, lo que complica aún más la respuesta a estos incidentes.

En sexto lugar, un informe elaborado por Corponariño, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y la Universidad del Valle, identificó los impactos ambientales del derrame ocurrido en junio de 2015 en la parte baja del río Mira y la Ensenada de Tumaco. El informe señaló que:

(vii)     Se identificó la presencia de hidrocarburos en aguas, sedimentos y piangua en la zona marino-costera y se encontraron concentraciones de hidrocarburos que representan un alto riesgo para la biota acuática.

(viii)   La calidad del agua no mostró un deterioro significativo y se mantuvo dentro de los criterios de calidad establecidos por la legislación colombiana.

(ix)        En el tramo del rio mira, la calidad del agua indicó una contaminación baja a mediana. Además, el manglar se encuentra en buen estado.

(x)          El análisis del río Mira, mediante el Índice Lótico de Capacidad Ambiental General (ILCAG), indicó que este río posee una alta capacidad de recuperación y amortiguación de contaminantes, debido a su caudal.

(xi)        La vulnerabilidad ecológica del manglar por los derrames de hidrocarburos varía entre alta y moderada, porque esas zonas están más expuestas e intervenidas, tienen una baja capacidad adaptativa y cuentan con objetos de conservación sensibles. Por lo tanto, se sugiere mejorar los planes de contingencia y las medidas preventivas para reducir la amenaza.

(xii)     La población de las veredas chontal y Trujillo es vulnerable a derrames de hidrocarburos que afecten al manglar, porque ellos dependen del manglar para proveer su alimentación y su trabajo. 

Por último, la Defensoría citó dos investigaciones académicas que señalan los impactos ambientales y sociales de los derrames de crudo de petróleo. Estos son:

(i)            La afectación en la fertilidad del suelo y en el crecimiento de las plantas, lo que a su vez afecta directamente a los animales que dependen de estas plantas para su alimentación. Esto tiene repercusiones sociales, pues las comunidades que dependen de la ganadería sufren los efectos de los compuestos tóxicos presentes en los hidrocarburos. Estos compuestos generan afectaciones a la salud humana como vómitos, depresión del Sistema Nervioso Central, daños hepáticos y cáncer.

(ii)       Las graves afectaciones a las zonas rurales por el daño al ecosistema y la dificultad de las comunidades de diversificar su ingreso tras tal afectación.

(iii)       La salinidad afecta negativamente la actividad biológica del suelo, pues reduce la disponibilidad de nutrientes y puede llevar a la desertificación de las tierras. Esto también afecta la fauna acuática, como los peces. El declive de esta especie puede llevar a la desnutrición de las comunidades que dependen de ellos para alimentarse.

(xiii)   Los graves riesgos para la salud humana, ya sea por contacto directo, inhalación y consumo de alimentos y agua contaminados. Esto puede provocar daños hepáticos, cáncer, inmunodeficiencia y síntomas neurológicos. La contaminación por crudo puede afectar a comunidades alejadas del sitio del derrame, porque los componentes más ligeros se evaporan y se transportan a grandes distancias.

(iv)        La muerte masiva de aves marinas, aparición de anemia hemolítica en patos y aumento de mortalidad en focas. Además, las vacas pueden morir por envenenamiento por ingestión del crudo y neumonía.