AMPARO DIRECTO 278/2014 (CUADERNO AUXILIAR 447/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALI

"Amparo en revisión 180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

"Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García.

"Amparo en revisión 188/2008. Yolanda Orea Chávez. 26 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González García.

"Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto González García."

En la primera parte del primer concepto de violación, aduce el defensor público federal de la quejosa, que la denuncia contenida en el parte informativo es insuficiente para acreditar el tipo penal, así como la plena responsabilidad de la impetrante en su comisión pues, -a su modo de ver- la conducta de los captores fue contraria a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que previene el derecho constitucional de su defendida a no ser molestada en su persona, sino mediante la orden de autoridad competente, que funde y motive la causa de la detención, lo que en el caso -dice- no se actualizó.

De ahí que -continúa el letrado- al resultar ilegal la detención de la quejosa, la responsable no debió concederle valor probatorio a las pruebas que con posterioridad fueron recabadas, porque al proceder a la detención de la peticionaria del amparo, se vulneró su derecho humano a la presunción de inocencia, en la vertiente de trato al individuo, porque el actuar de los elementos policiacos hace concluir -insiste- que presumieron su culpabilidad y por ello la detuvieron, en franca violación a lo previsto en el numeral 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En otras palabras -finaliza el defensor- los elementos policiacos vulneraron los derechos de tránsito, seguridad jurídica y presunción de inocencia de la quejosa, por lo que la juzgadora de segunda instancia no debió concederle valor probatorio al parte de policía, lo que -señala- encuentra sustento en la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 14/2011 de su índice.

Adversamente a lo argumentado por el defensor público federal de la quejosa, la actuación de la policía al practicar la revisión de la impetrante, no resulta violatoria de sus derechos fundamentales, por las razones que se enuncian en adelante.

Ante todo, resulta conveniente transcribir a continuación el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9, puntos 1 y 4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(131) así como los diversos 7, numerales 1 y 2 y 11, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(132) que en lo que interesa disponen:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

"Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

"En toda orden de cateo, sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. ..."