SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1381/2002-R

            De los hechos cronológicamente relatados, y comprobados con la literal  aportada por las partes, se concluye que no existió un proceso legal en el que, una vez conocida la acusación o denuncia que pese sobre él, el recurrente haya podido presentar sus descargos y asumir defensa irrestricta y plenamente, dado que la convocatoria a una reunión y la presunta realización de la misma -ya que  el acta de audiencia de proceso presentada  por los recurrentes no lleva firma alguna, lo que impide tenerla como prueba fidedigna- en la que se le habría preguntado sobre las aseveraciones de los denunciantes, no pueden ser consideradas como  la tramitación de un proceso en si mismo y menos que  ese acto (dicha reunión), sin más trámite, pueda dar lugar a la emisión de una “Sentencia” en la que se le imponen sanciones graves, máxime si se considera que no existe una constancia que acredite que  Roger Villa Villarroel haya sido notificado  de acuerdo a ley con  el fallo antedicho para que pueda hacer uso del recurso de apelación previsto por el art. 83 del Estatuto de la Federación Sindical de Transportistas “16 de Noviembre”,  pues al no tener conocimiento cierto y oficial de la resolución del mencionado tribunal, no se le puede exigir el agotamiento de las instancias que señala la norma referida.