SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1381/2002-R

En ese sentido, se ha evidenciado la infracción del mandato de los arts. 16  de la Constitución Política del Estado (CPE), y 8 del Pacto de San José de Costa Rica,  lesionando los derechos de Zacarías Roger Villa Villarroel a la defensa, al debido  proceso, al trabajo y a la seguridad jurídica que está entendida como la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes u otras personas pueda causarles perjuicio; o como la “exención de peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción”; de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos el disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que  le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos (SC  228/2002-R, de 6 de marzo); siendo aplicable al caso de autos, lo declarado por este Tribunal en su SC 010/2002-R, de 9 de enero: