Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0093/2005
Fecha: 23-Nov-2005
II.8.
II.8. El Fiscal General de la República Oscar Crespo Soliz, el 26 de agosto de 2003, requirió a la Corte Suprema de Justicia, por el enjuiciamiento del imputado Rolando Arostegui Quiroga, ex Prefecto del departamento de Santa Cruz, por el delito de encubrimiento previsto en el art. 75 de la L1008, refiriendo que previa consulta a la Sala Penal se remita al Congreso Nacional y se pida autorización expresa, fundó dicho requerimiento en la atribución del art. 118.5ª de la CPE y del art. 3.I párrafo tercero de la Ley 2445, de 13 de marzo de 2003 (fs. 19 y 20) requirió además porque se prosiga el trámite adecuándolo al procedimiento previsto en la Ley 2445.
- recurso contra resoluciones congresales o camarales
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- II.2.
- II.4.
- II.5.
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- II.8.
- II.9.
- II.10..
- III.1.
- las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la ley y la consiguiente motivación de la resolución”
- proceso justo y equitativo
- cuando se tenga que someter a una persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad
- los actores no están sometidos a un proceso en el ámbito judicial o administrativo para alegar una vulneración al derecho a la garantía del debido proceso,
- III.3.
- III.4.
- iniciado con los procedimientos abrogados de caso de corte
- el legislador puede establecer que los procesos pendientes y aún los hechos delictivos no sometidos a proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues en materia procesal no es exigible la aplicación de la norma que regía el tiempo de la comisión del delito, como ocurre en materia penal)”. Empero, esa sub regla queda precisada en el sentido de que podrán aplicarse las nuevas normas procesales a los procesos pendientes o en curso de tramitación sólo en la medida en que ellas no afecten el ámbito de la esfera de libertad del procesado
- la Ley penal procesal
- la adecuación de un proceso ya iniciado, a un nuevo procedimiento