SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1702/2005-R

Siguiendo este razonamiento, la SC 1358/2003-R, de 18 de septiembre, expone que: “el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales; consecuentemente, no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”, salvo que se demuestre que en esa labor se hubiese vulnerado derechos y garantías.

Ahora bien, en los casos en los que se denuncie la incorrecta interpretación o aplicación de las leyes por la justicia ordinaria, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que para que la jurisdicción constitucional pueda cumplir con su labor de verificación respecto a la interpretación o aplicación de las normas efectuadas en la jurisdicción ordinaria, es condición esencial que el recurrente señale con precisión, como requisito de contenido del amparo constitucional, los valores supremos o principios fundamentales que en su criterio hubiesen sido desconocidos o vulnerados por la jurisdicción ordinaria al interpretar las normas de la legislación ordinaria; en su caso, señalar qué principios o criterios interpretativos no fueron empleados en la labor hermenéutica, identificar qué derechos o garantías constitucionales fueron lesionados y por qué motivos considera que fueron lesionados; ello en razón a que la determinación de la jurisdicción constitucional para conceder la tutela solicitada debe responder a la certidumbre (SSCC 718/2005-R, 753/2005, 792/2005-R).

En consecuencia, este Tribunal ha concluido en dichas Sentencias que, si el recurrente no expresa de manera adecuada los fundamentos jurídicos que sustentan su pretensión; por lo mismo, no identifica con claridad y precisión los principios y criterios interpretativos que no fueron aplicados o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de las normas de la legislación ordinaria, si no identifica con precisión los valores supremos y principios fundamentales vulnerados por el intérprete de la legislación ordinaria al momento de desarrollar su labor interpretativa; la jurisdicción constitucional no puede conceder la tutela solicitada, al contrario deberá denegarla.