SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0517/2005-R

         Si bien es cierto que el art. 137 de la LM establece que las resoluciones emitidas por la autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal podrán ser impugnadas mediante los recursos establecidos en esa ley, cuando dichas resoluciones afecten, lesionen o pudieran causar agravio a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos; así, el art. 140 de la LM prevé el recurso de revocatoria, que deberá ser interpuesto por el interesado ante la misma autoridad que emitió la Resolución Administrativa, y, el art. 141 de la citada Ley, el recurso jerárquico, a plantearse ante la autoridad administrativa que resolvió el recurso de revocatoria; y que en mérito a tales normas, la SC 1412/2004-R, de 31 de agosto, determinó la  improcedencia del amparo: “...en razón de que los recurrentes acusan a la autoridad Municipal demandada, de haber actuado de manera arbitraria e ilegal al haber expedido los memorándums de agradecimiento de servicios 124/04 y 126/04; empero, si bien es cierto, que ambos acudieron ante el Alcalde Municipal -demandado- pidiendo que se les aclare las razones por las que fueron despedidos, sin embargo no agotaron los recursos administrativos que la Ley de Municipalidades contempla, pues no acreditaron haber planteado el recurso de revocatoria previsto por el art. 140 de la LM, y que debe ser resuelto por la misma autoridad en el plazo de diez días; por lo que no pueden pretender que el amparo constitucional subsane su negligencia”;  no es menos evidente que para realizar una impugnación contra la determinación de una autoridad, el interesado o afectado debe tomar efectivo conocimiento de la misma, es decir, debe  estar acreditado que supo de esa decisión antes de interponer la demanda de amparo, caso contrario, no puede declararse la improcedencia de esta acción tutelar por subsidiariedad si el recurrente no conoció la resolución correspondiente para poder hacer uso de los recursos impugnatorios previos.

         En ese sentido, en la especie se constata que la papeleta de “citación” sin número que corre a fs. 28, consigna que  Gonzalo Flores Andia se habría negado a firmar, por lo que habría intervenido un “Pol. Municipal” sin identificarse con la correspondiente aclaración de firma, a más que en esa diligencia no se indica si se hizo entrega de la Resolución mencionada. A ello se suma el hecho que el recurrente en ninguno de los informes que presentó respecto del manejo de Almacenes, ni en las cartas remitidas en  cuatro oportunidades a la máxima autoridad ejecutiva de la Alcaldía de Viacha pidiendo el pago de sus haberes retenidos, refirió la existencia de la Resolución 003/2004, de 30 de marzo, y en audiencia expresó en forma categórica que no conoció la misma hasta ese momento.