SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1017/2006-R

De las normas glosadas precedentemente, se concluye que el único caso en el que una persona particular, funcionario o autoridad pública u originaria -en este caso- está facultada para practicar la aprehensión, sin necesidad de mandamiento expedido por autoridad competente, es cuando exista flagrancia, con el único objeto de conducir de manera inmediata al aprehendido ante autoridad competente; de donde resulta, que en caso de no concurrir el citado supuesto jurídico, no pueden obviarse las formalidades para la aprehensión y detención previstas tanto por la Constitución Política del Estado como por el Código de Procedimiento Penal; caso contrario, se incurre en aprehensión o detención ilegal.