SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0039/2006

De otro lado resulta importante señalar que, según la doctrina del Derecho Administrativo, los bienes del Estado se clasifican en: a) Bienes dominiales, aquellos que integran el patrimonio público indisponible del Estado, los que devienen del dominio original de la Nación y tienen su fundamento en la soberanía del Estado; dada sus características son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no susceptibles de propiedad privada, es decir, intransferibles. Dentro de este grupo se ubican los bienes de dominio público aéreo, los de dominio público marítimo, los de dominio público terrestre, dentro de este último grupo de bienes se ubican determinadas riquezas nacionales de carácter estratégico como los minerales, o los hidrocarburos; las riquezas históricas y culturales del Estado. b) Bienes dominicales, aquellos que integran el patrimonio privado del Estado, por lo mismo son prescriptibles, embargables y disponibles, es decir, susceptibles de sustracción del destino de uso público para que ingrese al dominio privado, por lo tanto son transferibles según los mecanismos y procedimientos previstos por la Constitución y las leyes. En este grupo de bienes se encuentra los bienes inmuebles, muebles, enseres que son ocupados y utilizados por los órganos del poder central, regional o gobiernos locales autónomos, las entidades descentralizadas, autónomas, autárquicas y las empresas estatales.

            Dentro de esa clasificación, algunos Estados constituyen una categoría especial de bienes que, por ser importancia estratégica para su desarrollo económico, o por tener un valor histórico, se constituyan en intangibles, inalienables e inviolables, bienes que los catalogan como 'Patrimonio Nacional' o 'Patrimonio de la Nación'.

            En el caso del Estado boliviano, el Constituyente, siguiendo los criterios doctrinales antes referidos, ha definido que el Estado posee dos clases de bienes: a) los bienes de dominio público (bienes dominiales), algunos de los cuales forman parte del Patrimonio de la Nación; y b) los bienes sujetos al régimen jurídico privado (bienes dominicales); así se infiere de las normas previstas por los arts. 136, 137, 138, 139 y 59.7ª de la Constitución. Si bien es cierto que no existe una ley general que desarrolle las normas constitucionales referidas y efectúe una clasificación detallada de los bienes, no es menos cierto que algunas leyes especiales sí lo hacen; así, por ejemplo, con relación al régimen del patrimonio y bienes municipales, la Ley de Municipalidades, clasifica los bienes municipales de la siguiente forma (…)”.

“(…) con relación a qué bienes forman parte del patrimonio de la Nación no existe una definición explícita y detallada en la Constitución ni en una Ley ordinaria de desarrollo constitucional, no obstante la norma prevista por el art. 138 de la Ley Fundamental dispone que 'pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de la economía del país, no pudiendo aquéllos ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas por ningún título (..)'; de otro lado el art. 139 de la misma Ley Fundamental dispone que 'los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos (..)'. De las normas referidas se infiere que los grupos mineros nacionalizados y los yacimientos de hidrocarburos son bienes que forman parte del patrimonio de la Nación, en los términos previstos por el art. 137 de la Constitución”.