SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0323/2007-R

 
En este acápite, en principio, es preciso señalar que este Tribunal en la SC 739/2006-R de  27 de julio, recogiendo la doctrina constitucional desarrollada en las SSCC 0436/2003-R, 0831/2004-R, y 1575/2004-R, entre otras, puntualizó los supuestos o  condiciones de validez que deben cumplirse previamente a expedir un mandamiento de apremio corporal por asistencia familiar, entendimiento que se sustenta en las disposiciones contenidas en los arts. 149 y 436 del CF interpretadas desde y conforme a la Constitución, esto es, en observancia del contenido constitucional de la garantía prevista por el art. 9 de la CPE, por cuyo mandato “nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito”.

Así la SC 739/2006-R aludida señaló que:“(…) a) en materia familiar, excepcionalmente puede disponerse la restricción a la libertad física, a través de un mandamiento de apremio en los casos en los que una persona incumpla con los deberes de asistencia familiar, luego de que sea intimado por escrito y no haga efectivo el pago de la asistencia familiar en el plazo de ley; b) el mandamiento de apremio sólo puede ser librado por la autoridad judicial competente; c) presentada la solicitud de pago de asistencia familiar devengada y una vez efectuada la liquidación, el juez competente dispondrá que el obligado sea notificado con esa liquidación a efectos de que pague la obligación pendiente o en su caso formule las observaciones a la liquidación o presente pruebas de pago parcial o total de la asistencia; d) antes de emitir el mandamiento de apremio la autoridad judicial debe cuidar que el obligado sea notificado en forma legal con la conminatoria para efectuar el pago dentro del plazo legal, cumplida esa formalidad y no habiéndose formulado observación alguna y transcurrido el plazo de la conminatoria sin que el obligado hubiese efectuado el pago, el juez podrá ordenar se libre el mandamiento de apremio; e) el mandamiento expedido con facultades de allanamiento se encuentra sujeto a los términos de caducidad establecidos en el art. 182 del CPP”.