SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1625/2010-R

La fundamentación de las resoluciones forma parte de la garantía del debido proceso, prevista en el art. 117.I de la CPE y en tal sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido uniforme al señalar que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió" (SC 1365/2005-R).

En ese entendido, las autoridades judiciales deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de sus resoluciones. Así la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, recogiendo el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R, de 19 de diciembre, señaló que toda Resolución “…debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho [debido proceso] que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión”.

Siguiendo el mismo entendimiento, la SC 1365/2005-R, ha determinado que cuando las resoluciones no están motivadas: “…y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada (...)”.

Sentencia que también concluyó que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas".

Cabe señalar que la fundamentación de las resoluciones judiciales es exigible en todo tipo de procesos judiciales y en todos aquellos supuestos en los que el juzgador deba contestar una solicitud de las partes, resolver el fondo del problema planteado o, en su caso, la impugnación a una determinación asumida por el inferior. En dichas resoluciones, conforme se tiene ampliamente explicado, el juzgador está obligado a exponer las razones jurídicas y fácticas que fundamentan su determinación.

Conforme se aprecia, la fundamentación de las resoluciones es un componente del debido proceso y, como tal puede ser exigible por el justiciable, pero también es un deber de la autoridad judicial que debe actuar bajo determinados principios que orientan la potestad de impartir justicia, como la seguridad jurídica y el respeto a los derechos (art. 178.I CPE),  y el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, como el principio del debido proceso (art. 180.I CPE), que supone, precisamente la debida fundamentación de las resoluciones para que las partes tengan la certeza de haberse efectuado una aplicación objetiva de la ley, en la que se expliquen los motivos por los cuales el juzgador asumió dicha determinación.

Sobre este punto, Eduardo Couture, en su tratado Fundamentos del Derecho Procesal Civil,  señala que “La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es una acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado”.