SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1799/2010-R

            El principio de inmediatez, ha sido entendido en amplia jurisprudencia desarrollada por este Tribunal como la tutela pronta y efectiva, pero también como el requisito de solicitar en forma oportuna y sin dilaciones innecesarias, una vez consumada la vulneración del derecho y agotada las vías legales ordinarias, se debe acudir inmediatamente a la justicia constitucional.

          En concordancia con ese razonamiento; la Constitución Política del Estado vigente en su art. 129.II ha determinado que: “la Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; plazo que con anterioridad a la vigencia de la actual Constitución, ya estaba definida por la sólida y reiterada jurisprudencia constitucional, cuando señaló que el mismo se justifica por que la jurisdicción constitucional no puede estar a merced de la voluntad desidiosa del supuesto agraviado, espera que no puede ser indefinida, dado que el ciudadano o afectado en sus derechos, por su propio interés debe ser diligente, acudiendo sin ningún tipo de espera, en busca de la protección a los mismos.

          La línea establecida por este Tribunal respecto al principio de inmediatez que caracteriza a la acción de amparo constitucional ha dejado establecido que: “…la inmediatez en la activación de esta acción de defensa de derechos fundamentales, es un requisito o exigencia que tiene la persona física o jurídica -según sea el caso- de solicitar la tutela en forma pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho y se agoten las vías legales ordinarias, o desde que está frente a la amenaza de restricción o supresión de derechos fundamentales; al respecto el art. 129.II de la CPE, es claro al señalar que: 'La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial'; plazo que por previsión constitucional constituye un requisito indispensable y a la vez un límite para ingresar al análisis de la problemática planteada.

          No obstante, cabe aclarar que con anterioridad a la vigencia del actual orden constitucional, esta exigencia procesal ya estaba regulada en la sólida y abundante jurisprudencia constitucional, la cual es coherente con la previsión constitucional y por ende aplicable de conformidad al art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público. Este entendimiento señaló que el principio de inmediatez tiene justificación en que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos…” (SC 0347/2010-R de 15 de junio).