SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2319/2010-R

La recurrente, ahora accionante, señala que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y a la garantía del debido proceso, por cuanto dentro un proceso coactivo civil de cumplimiento de obligación, seguido por el Banco de Crédito de Bolivia S.A. contra Roberto Bustillos Gálvez y su persona, señalándose como domicilio especial de los coactivados, en el marco del art. 29 del CC, el inmueble de su propiedad ubicado en calle Comarapa 86; cuando la entidad coactivante conocía que tenía como domicilio la calle San Pedrito 544 en la ciudad de Buenos Aires, conforme se establece del poder transcrito en el documento base de ejecución, actuando con dolo y mala fe, lo que ocasionó que el Oficial de Diligencias en base a una representación, de que fue buscada y no habida, el Juez ordenó su citación por cédula con la Sentencia y las demás notificaciones se realizaron en estrados judiciales, no enterándose de la demanda en su contra porque residía en Buenos Aires, sumándose a ello que, cuando se iniciaba la demanda coactiva, finalizaba su divorcio con el coactivado. Una vez habría retornado de la Argentina, se la notificó en forma personal en el proceso mencionado, aspecto que la obligó a interponer incidente de nulidad de obrados, que fue rechazado, dicho Auto fue recurrido en apelación, confirmándose en todas sus partes, para posteriormente el Juez a quo, ordenar el desapoderamiento del inmueble, quedando en completa indefensión, aclarando además que, el poder que confirió a su ex esposo no le facultaba constituir domicilio especial para el proceso interpuesto, evidenciándose la ilegalidad de los actos de las autoridades demandas. Corresponde analizar, en revisión, si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.