SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0061/2010-R

La Resolución de 27 de septiembre de 2007, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Pando, declaró improcedente el recurso, con el fundamento de la jurisprudencia constitucional ha establecido que el recurso de hábeas corpus, tiene por finalidad proteger todas las circunstancias relacionadas a la libertad de las personas y no otros derechos o garantías que pueden ser protegidos a través de las acciones ordinarias correspondientes, no siendo posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata.

El Tribunal de garantías, en su Resolución de 27 de septiembre de 2007, de fs. 32 a 33 y vta., de obrados, utiliza el término improcedente para denegar la tutela; al respecto, el art. 126.III de la CPE, establece: “…La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso el Tribunal competente…”, terminología que es compatible a la utilizada por el art. 18 de la Constitución Política del Estado abrogada. Ahora bien, se debe entender que al ordenarse la tutela, es coherente aplicar el término “otorgar la tutela”; a contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgamiento, el tribunal de garantías deberá “denegar la tutela”. Por su parte, el Tribunal Constitucional, corresponderá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución Política del Estado vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces.