SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0477/2010-R

El derecho de petición, reconocido en la Constitución Política del Estado, dispone en su art. 24 que: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario". La doctrina, estableció que del derecho de petición, acontecen dos consecuencias, la de "no ser castigado por solicitar algo al Estado (…)" y "la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (…) Tal derecho a respuesta -independientemente del contenido de ella-, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y esta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar". (Sagués, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina. 1999.)

Conforme a lo expuesto, el derecho de petición no involucra solamente la realización de una solicitud cualquiera y la recepción de la misma. Para que esa petición sea efectivamente cumplida, necesita del requerido una respuesta oportuna y formal, lo que significa que además la respuesta deberá estar fundamentada y contener los datos necesarios, de tal forma que pueda satisfacer al peticionante.