SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0707/2010-R

      Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3, los actos consentidos libre y expresamente constituyen una causal de inactivación, en estricta observancia de los alcances del art. 96.2 de la LTC, que deben ser considerados como consentimiento expreso, posición asumida por este Tribunal: “…para declarar la improcedencia de un recurso de amparo constitucional por esa causal, no es suficiente una actuación implícita, dado que el consentimiento expreso importa un acto positivo, concreto, libre e inequívoco, vinculado de manera directa a la actuación ilegal impugnada; en otras palabras, la manifestación de la voluntad debe demostrar, de manera indubitable, el consentimiento a la amenaza o lesión a algún derecho fundamental. Consecuentemente, los actos, para que produzcan las consecuencias jurídicas expresadas en el art. 96.2 de la LTC, deben provocar en el Tribunal la convicción plena de que el recurrente está de acuerdo con el acto reclamado; dado que la simple presunción del consentimiento por acciones que no están directamente relacionadas con el supuesto acto ilegal, lesionaría la garantía de la tutela jurisdiccional eficaz…" (las negrillas nos pertenecen) (SC 0672/2005-R de 16 de junio).