SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0876/2010-R

En el memorial presentado el 20 de junio de 2006, cursante de fs. 36 a 39 vta., el recurrente indicó que en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Palos Blancos, correspondiente a la Cuarta Sección Municipal de la provincia sud Yungas del departamento de La Paz, el 5 de mayo de 2006, fue secuestrado por varias personas en la localidad de Palos Blancos, todos dirigidos por los Concejales del municipio de Palos Blancos, José Chelo Romero Tirina y Jesús Rea Ortiz, quienes privándole de su derecho a la libertad, a la libre expresión de sus ideas, restringiendo el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, lo plagiaron y condujeron a la Federación Agro-ecológica de Colonizadores de Palos Blancos, donde fue presionado moral y físicamente a firmar las Resoluciones Municipales 020/2006; 021/2006; 022/2006; 023/2006; 024/2006 y 025/2006, dentro de ellas la elección del Concejal recurrido José Chelo Romero Tirina, como Alcalde Municipal titular de Palos Blancos, la Resolución Municipal suspende al Alcalde interino legalmente electo, Claudio Rolando Vargas Bautista, la Resolución Municipal donde se acepta una supuesta renuncia de la concejal Carmen Quispe Castaya y otra Resolución Municipal la cual recompone el Directorio del Concejo Municipal de Palos Blancos, presidido por el recurrido Jesús Rea Ortiz.

Dichas Resoluciones Municipales fueron firmadas bajo presión, sin que se le permita la lectura a su contenido, porque de no firmarlas, le amenazaron con atarle junto al “Palo Santo”.  Posteriormente le condujeron a dependencias del municipio de Palos Blancos, donde pasó toda la noche en manos de sus secuestradores y en dichas dependencias Jesús Rea Ortiz, actualmente recurrido,  fungiendo como Presidente del Concejo Municipal -sin serlo- junto al concejal José Chelo Romero, fraguaron varios documentos y Resoluciones Municipales, entre ellas, la supuesta convocatoria a sesión de concejo municipal, que nunca se llevó a cabo, todo ello para darle visos de legalidad a las Resoluciones Municipales que le obligaron a firmar contra su voluntad.