SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0984/2010-R

La recurrente, ahora accionante, denuncia la vulneración de los derechos de su representado a la “seguridad jurídica”, a la defensa y al debido proceso, aduciendo que fue condenado a la pena de catorce años de presido por delitos de narcotráfico en un proceso en el que primero fue absuelto de pena y culpa, obteniendo su libertad bajo fianza juratoria, retornando a su lugar de residencia asumiendo que el proceso había concluido, sin que posteriormente tenga ningún conocimiento del mismo hasta que fue detenido el 27 de julio de 2006, con un mandamiento de condena expedido en dicho proceso, que en apelación había sido anulado hasta la lectura de conclusiones, reanudándose en ese estado sin que fuera notificado, por lo que se llevó a cabo en su ausencia con un “defensor oficioso” no designado legalmente, pues para ello debió declararse su rebeldía y contumacia y publicarse edictos, dictándose nueva Sentencia, esta vez condenatoria en su contra, con los mismos fundamentos que la que lo absolvió. En apelación, los Vocales correcurridos confirmaron la misma sin considerar los vicios procesales relacionados y la inexistencia de prueba para condenarlo a través de un Auto de Vista que carece de motivación; mientras que los Ministros de la Corte Suprema en lugar de revisar de oficio el proceso como manda el art. 15 de la LOJ abrg., se limitaron a declarar infundado el recurso de casación. En revisión de la Resolución del Tribunal de amparo, corresponde determinar si se debe otorgar o no la tutela solicita.