SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1020/2010-R

Se encuentra recluida en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro; condenada a pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto; y al encontrarse en estado de gestación, conforme acredita por los certificados médicos, su embarazo es de alto riesgo; en virtud a lo cual, el 9 de abril de 2007, mediante memorial, solicitó al Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Oruro, se le conceda detención domiciliaria de acuerdo a lo previsto por los arts. 110 del Reglamento de Ejecución de Penas y 197 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), petición que fue rechazada mediante el Auto motivado 190/2007 de 24 de abril, con el fundamento de no haber cumplido con los requisitos exigidos por el art. 198 de la LEPS, puesto que se encontraba condenada sin derecho a indulto y no cumplió las dos quintas partes de su condena, Resolución que en apelación fue confirmada por los Vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del referido Distrito Judicial, mediante Auto de Vista 21/2007 de 22 de mayo, agregando que su periodo de gestación debía ser objeto de asistencia y control médico especializado de acuerdo a los requerimientos exigidos al efecto, los cuales deben estar establecidos por el servicio médico del Centro Penitenciario de “San Pedro” de la citada ciudad.

Agrega que, las autoridades jurisdiccionales recurridas pusieron en riesgo la vida y salud de su hijo, teniendo presente que en una oportunidad no se le concedió permiso para internarse de emergencia por no contar con orden judicial, no obstante que es obligación del Estado su protección y la de su hijo; sin embargo, al negarle la detención domiciliaria solicitada, vulneraron sus derechos a la vida y a la petición.