SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1139/2010-R

La recurrente, alega que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos a la “seguridad jurídica”, al trabajo, a la defensa y al debido proceso, puesto que no obstante que mediante Resolución Prefectural, se revocó la determinación por la cual se prescindió de sus servicios sin previo proceso, no se le pagó los sueldos correspondientes, desde la ilegal destitución hasta su reincorporación, habiéndole en su lugar iniciado inmediatamente un proceso interno, en virtud del cual, las autoridades del SEDES La Paz, asumiendo facultades que ilegalmente les delegó el Sumariante, dispusieron su cambió a otro Centro de Salud y luego a un Hospital, de Comanche y La Paz, respectivamente, para finalmente disponer su reincorporación al Centro de Salud en Charaña, en el que se encontraba trabajando otro médico; además de ello, el Jefe de Recursos Humanos del SEDES La Paz, dispuso la retención de su papeleta de abril de 2007 y no se le pagó por mayo del mismo año. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de la recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.