SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1206/2010-R
Fecha: 06-Sep-2010
i)
El actor a través de su abogado ratificó el tenor íntegro de su demanda y amplió la misma con los siguientes argumentos: i) La Ley de Municipalidades, no prohíbe que las cuentas bancarias de los municipios sean inembargables, con mayor razón si existe una decisión judicial que ha conminado al municipio de Uncía para que pague dentro de tercero día los montos adeudados a mi mandante por concepto de daños y perjuicios, así como por costas; y ii) La SC 0147/2003-R de 11 de febrero, que tiene efecto vinculante, resolviendo un caso similar, determinó que cuando una persona particular solicita la retención judicial de cuentas fiscales, dicha entidad debe someterse a las disposiciones que regulan la ejecución de sentencias previstas en el Código de Procedimiento Civil. Añade que esa jurisprudencia, no exige la necesidad de individualizar o precisar qué tipo de cuentas tiene la entidad demandada, porque el art. 1335 del CC, señala que son todos los bienes muebles e inmuebles presentes del deudor garantía común de sus acreedores.
Por su parte, el Juez correcurrido Marcial Lanza Antequera, en su informe presentado en la audiencia a fs. 100 y vta. señaló que: i) El art. 137 de la CPEabrg, -que tiene primacía frente a cualquier otra disposición-, establece qué bienes de la nación constituyen propiedad pública siendo el deber de todo habitante del territorio nacional protegerla y respetarla; en cuyo mérito, las Resoluciones impugnadas lo único que hacen es precautelar el bien público; y ii) La Ley de Municipalidades distingue los bienes públicos y los de orden privado, por lo que el recurrente debió individualizar el rubro que podía afectarse, es decir, únicamente se exigió al recurrente especifique el rubro a afectarse, con mayor razón si dicha averiguación le correspondía a la parte y no al juzgador.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- I.1.1 Hechos que motivan el recurso
- I.1.3 Autoridades recurridas y petitorio
- i)
- a)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Estado vigente
- III.2. Sobre la armonización de términos procesales constitucionales
- III.3. Sobre la ejecución de sentencias contra entidades de derecho público y el derecho fundamental a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados
- la eficacia jurídica de los fallos judiciales no puede quedar en una simple declaratoria formal puesto que conforme lo establece la norma procesal '...el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva'
- al no ejecutar las sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú sino después de casi ocho años de dictadas éstas
- el Estado, al haberse abstenido de adoptar por un largo período de tiempo el conjunto de medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y consecuentemente hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana (artículos 21 y 25), incumplió la obligación estipulada en el artículo 2 de dicho tratado
- y los daños y perjuicios calificados conforme a ley
- si el Estado es demandado por incumplimiento de pago -así se trate del incumplimiento generado en un acto efectuado como persona de derecho público,
- no puede someterse a los ejecutantes a reglas no dispuestas legalmente, el Estado debe pagar sus obligaciones cuando ha sido demandado y vencido en proceso judicial, al igual que cualquier otra persona lo haría, teniendo el juzgador la potestad de disponer las medidas coercitivas que considere conducentes a ese objetivo, tomando en cuenta que el art. 1335 CC, señala que todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que se halla obligado, constituyen la garantía común de sus acreedores.
- más los daños y perjuicios respectivos
- desde una interpretación sistemática de las normas anotadas, es posible concluir que, en caso de entidades municipales, únicamente son embargables los bienes sujetos al régimen jurídico privado (art. 89 de la LM y 179 del CPC); por lo mismo, resulta incongruente, desde una interpretación lógica, exigir que el interesado que obtuvo sentencia firme a su favor, deba especificar qué cuentas bancarias de la entidad municipal se verían afectadas con una solicitud de retención judicial
- III.5. El problema jurídico planteado
- son ilegales,
- POR TANTO