SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1440/2010-R

La acción de amparo constitucional está investida de una serie de formalidades indispensables para el análisis de la problemática planteada, entre ellas la establecida en el art. 129.I de la CPE -antes art. 19 de la CPEabrg- de los que se deduce la obligación del accionante de demostrar la titularidad de los derechos y garantías que alega como lesionados, a causa de los hechos tenidos como transgresores, por la acción u omisión de los funcionarios públicos o particulares, que le afectan de manera directa; lo que en la esfera procedimental se entiende como legitimación activa, para solicitar el resguardo del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales.

En este entendido la jurisprudencia constitucional determinó que: “Se distingue a los sujetos como elemento subjetivo; al objeto y causa como elemento objetivo; los sujetos constituyen el elemento subjetivo de la acción, sujeto activo será la persona o personas, naturales o jurídicas a las que corresponde el derecho de obtener la tutela jurisdiccional concreta; es decir, una providencia favorable a su petición; el sujeto pasivo, en cambio, será la persona o personas contra las cuales la demanda se dirige; es decir, la persona en cuya esfera jurídica esta resolución está destinada a operar; en ese sentido tenemos que el sujeto activo dirige la acción hacia el Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales y contra o frente al demandado sujeto pasivo, a quien vincula la resolución concreta del Estado, por lo tanto el elemento subjetivo de la acción se configura por las personas a las cuales corresponde la legitimación activa y pasiva.

Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional -entre otras- en la SC 1258/2001-R de 28 de noviembre, ha sentado que: “...la protección que la garantía constitucional del amparo conlleva está sujeta a determinados presupuestos. Uno de ellos es que el recurrente esté legitimado para impugnar el acto u omisión reclamado, en virtud de que la legitimación activa en el Amparo corresponde al obligado o afectado que directamente acredita interés en el asunto y en quien recae las consecuencias jurídicas de la resolución o acto de la autoridad que se impugna” (SC 0410/2010-R de 28 de junio).