SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0532/2011-R

Respecto a la protección constitucional reforzada del derecho fundamental a obtener y conservar el empleo de aquellas personas que en su condición de funcionarios o trabajadores del ámbito público o privado, tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad en primer grado en línea directa y hasta segundo grado en línea colateral, la SC 0235/2007-R de 10 de abril, estableció que: “En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales” (las negrillas son nuestras).

Así la SC 0988/2006-R de 9 de octubre, bajo ese mismo entendimiento y refiriendo a su vez la SC 1422/2004-R señaló que: “…éste -el Tribunal Constitucional- 'abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado'”. Razonamiento que en razón de la tutela reforzada a favor de las personas con discapacidad, hace abstracción del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional, permitiendo el acceso directo a la jurisdicción constitucional por la relevancia del derecho protegido y la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad