SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0532/2011-R

Los accionantes, denuncian la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, a la seguridad social, al trabajo y estabilidad laboral y dignidad humana de su representado, toda vez que siendo funcionario de carrera de la Aduana Nacional en el cargo de Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Distrital Oruro, fue sometido a hostigamiento laboral mediante comisiones de servicio injustificadas, hasta que se vio obligado a formular renuncia a su cargo -aunque las autoridades aduaneras optaron por su destitución, no obstante que él gozaba de inamovilidad funcionaria por la situación de discapacidad de su hijo, debidamente certificada por las instancias competentes- empero, habiéndose sustanciado una denuncia de acoso laboral ante el Defensor del Pueblo, esta autoridad se pronunció estableciendo la vulneración de su derecho a la dignidad personal y acoso laboral, por lo que mediante Resolución Defensorial RD/00039/LPZ/2007 de 21 de diciembre, recomendó al Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, disponga la reincorporación del representado de los accionantes al cargo que desempeñaba ya que su renuncia obedeció a acciones constitutivas de acoso laboral; recomendación incumplida por la máxima autoridad ejecutiva de la Aduana Nacional, cuyo silencio administrativo fue asumido como negativo por su representado, quien interpuso recurso de revocatoria; rechazado por la Aduana; y, luego recurso jerárquico ante la Superintendencia del Servicio Civil que también rechazó la sustanciación de la impugnación, al considerar que carecía de competencia respecto a la denuncia de incumplimiento de una Resolución Defensorial. En consecuencia, en revisión de la resolución del Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos ilegales u omisiones indebidas, lesivas a los derechos fundamentales, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.