SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0878/2011-R

    Bajo dicho razonamiento jurisprudencial la SC 0080/2010-R, estableció aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar equilibrio y complementariedad entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, fijando al efecto tres supuestos, a efectos de resolver la presente acción. En el presente caso se desarrollará simplemente el primer supuesto, mismo que está referido a que: “Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación”. ( negrillas añadidas)

    En ese entendido, cualquier vulneración al derecho a la libertad física del denunciado o imputado, tiene como primer cause natural para su reparación el juez cautelar, al que se podrá acudir incluso cuando se hubiese obviado el aviso previo de inicio de investigación, a fin de que tal situación sea enmendada y se restituya su derecho a la libertad ilegal o indebidamente vulnerado; de esta forma el control jurisdiccional de la investigación, no resultará ser un mero enunciado o simple formalismo, sino el establecimiento de un mecanismo sencillo, especifico, idóneo, eficiente y oportuno al cual puede acudir todo imputado para el restablecimiento de sus derechos presuntamente afectados.

    Ahora bien, respecto a que se procedió a la imputación sin prueba alguna y sin la debida fundamentación conforme al art. 73 del CPP, dicho aspecto corresponde sea dilucidado o resuelto por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, ello debido a que la Sala Penal Segunda, anuló la Resolución dictada por el Juez citado, debiendo el mismo en cumplimiento a dicha resolución realizar una nueva audiencia y pronunciarse respecto a cada uno de los planteamientos conforme a lo que establece el art. 124 del CPP.