SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0885/2011-R
Fecha: 06-Jun-2011
II.1.
II.1. En proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la representada de la accionante y otros, iniciado el 13 de julio de 2005, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, se dictó sentencia condenatoria en su contra con pena privativa de libertad de diez años, que en recurso de apelación restringida en la Sala Penal Tercera de la Corte Superior, mediante Auto de vista de 17 de diciembre de 2008, modificó la Sentencia, declarándola autora del delito de Transporte de Sustancias Controladas y condenándola a pena privativa de libertad de ochos años entre otras medidas (fs.11 a 20 vta.). La accionante refiere en memorial y audiencia de acción de libertad, que la Sentencia no se encuentra ejecutoriada debido a que recurrió en casación ante la Corte Suprema de Justicia (fs. 21 a 24 vta.).
- acción de libertad,
- I.1.1. Hechos que la motivan
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- “improcedente”
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Alcance y finalidad de la acción de libertad
- III.2. Lesiones al debido proceso tutelados por la acción de libertad
- III.3. Carácter modificable de las medidas cautelares
- Fragmento 17
- III.4. Determinación de la solvencia económica del imputado para hacer efectiva la fianza
- el juzgador no está reducido u obligado a no imponerla o fijarla en el monto que solicite el imputado, sólo porque éste no tenga un bien a su nombre, pues deben presentársele otros elementos probatorios para demostrar que de manera real y objetiva el imputado vive en un estado de pobreza y que éste no le permite cumplir con la medida, porque al margen de no tener por sí tampoco su entorno familiar o social puede afianzarlo". (…)
- pues la presentación de las certificaciones que acreditan que el recurrente no tiene registrado a su nombre ningún inmueble, línea telefónica y vehículo, es insuficiente para determinar su situación económica precaria o de pobreza que aduce, más aún si se tiene presente que la fianza económica fijada puede ser constituida por un tercero, tal como las autoridades recurridas en su Resolución señalan que los argumentos esgrimidos por la defensa ante este Tribunal de Alzada ya fueron analizados adecuada y ampliamente por el Tribunal inferior a tiempo de dictar el Auto apelado, cuya decisión se fundó esencialmente en el hecho de que el imputado no se encuentra en estado de insolvencia económica por cuanto cuenta con un entorno familiar y según lo previsto en la parte in fine del art. 240 del CPP, la fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dineros, valores, constitución de prenda o hipoteca.
- III.5.1.
- b)
- c)
- d)
- III.5.2.