SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2005/2012
Fecha: 12-Oct-2012
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2005/2012
Sucre, 12 de octubre de 2012
SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA
Magistrada Relatora: Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar
Acción de amparo constitucional
Expediente : 2011-23442-47-AAC
Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 16 de marzo de 2011, cursante de fs. 90 a 92, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Iván Adhemar Llanos Quintela contra Eddy Mejía Montaño y Jimmy Rudy Siles Melgar, Vocales de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 1 de marzo de 2011, cursante de fs. 76 a 79 vta., el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se adjudicó en audiencia de remate y subasta pública de 3 de junio de 2008, como único postor, el inmueble ubicado en la zona de Sarco, calle Inti Raimi, distrito 3, subdistrito 2, manzana 2, con una extensión de 495m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), con matrícula computarizada 3.01.1.02.0017780, dentro de un proceso civil ordinario de nulidad de documentos de venta y división y partición del precitado inmueble, seguido por María Albina López Montecinos contra sus hermanos Víctor Hugo, Juan y Martha López Montecinos, que está concluido con sentencia ejecutoriada.
Trece días después de efectuada la adjudicación y empoce de ley, Juan López Montecinos, pese a haber participado de la audiencia de remate, planteó incidente de nulidad de la subasta, argumentando que se hubiese notificado a la acreedora Gertrudis Coca de Veizaga mediante edicto, el mismo día del remate e incurrido por ello en incumplimiento de plazos señalados por el art. 125.I del Código de Procedimiento Civil (CPC), en virtud a que la nombrada mantenía inscrita la anotación preventiva de 23 de julio de 1987.
Ante esta oposición, el Juez de la causa, no dio curso a la nulidad de obrados y tampoco observó que su presentación se hizo fuera de plazo legal, conforme dispone el art. 44 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), modificatorio del art. 544 del CPC, que dispone que toda nulidad debe presentarse dentro de tercero día de realizada la subasta y en consecuencia, al pronunciarse sobre la impersonería y falta de legitimación del demandante, no se percató que la anotación preventiva correspondiente a Gertrudis Coca de Veizaga, había caducado a los dos años de su registro, conforme establece el art. 1553.I del Código Civil (CC), al no haberse convertido en inscripción, luego de lo cual, se extendió a favor del accionante la escritura pública de dominio con la cual inscribió su derecho en el registro de DD.RR., y procedió luego a realizar su venta onerosa a terceras personas.
Posteriormente, tuvo conocimiento que la Sala Civil Segunda, dictó el Auto de Vista 169 de 10 de septiembre de 2010, resolviendo la apelación recurrida por Juan López Montecinos, contra el Auto de 25 de agosto de 2008, por el cual, anuló obrados hasta fs. 337 inclusive; hasta el estado en que el Juez a quo emita nuevo auto de señalamiento de remate, actuaciones con las que no fue citado ni notificado en ningún momento.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso, a la "seguridad jurídica" y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 13, 14, 56, 115 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y se disponga: a) La revocatoria del Auto de Vista 169 de 10 de septiembre de 2010, dictado por la Sala Civil Segunda; b) Se mantenga incólume el Auto de 25 de agosto de 2008, pronunciado por el Juez Cuarto de Partido en lo Civil; y, c) Se establezca pago de daños y perjuicios.
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
Celebrada la audiencia pública el 16 de marzo de 2011, según consta en el acta cursante de fs. 88 a 89, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El abogado del accionante, en audiencia, ratificó íntegramente los términos de la acción de amparo constitucional y ampliándola, señaló que: 1) En esencia, Gertrudis Coca de Veizaga, no pudo ser considerada acreedora para ser notificada con el remate del bien inmueble, en virtud a que su anotación preventiva data de 1987 y habría caducado en 1989, hace mas de diecinueve años, por cuanto dicha anotación se reputa como inexistente; 2) Los Vocales demandados, aplicaron el art. 44.I de la LAPCAF, modificatorio del art. 544 del CPC, relativo a la nulidad de la subasta por falta de las publicaciones previstas, inobservando que su parágrafo II dispone que la nulidad debe plantearse dentro de tercero día de realizada y que debió promoverse como un incidente; sin tomar en cuenta que la oposición y nulidad de remate se presentó después de diez días y que en resguardo de lo actuado, el parágrafo III del mismo artículo establece que la nulidad no procede si el acto aunque irregular, ha logrado el fin al que estaba destinado; 3) Igualmente no se advirtió que Juan López Montecinos, no tuvo legitimación activa para plantear dicha nulidad, al ser la directa afectada Gertrudis Coca de Veizaga; y, 4) En aplicación del art. 518 del CPC, las resoluciones en ejecución de sentencia, únicamente podrán ser apeladas en efecto devolutivo y no así mediante recurso de casación que permita impugnar el Auto de Vista, más aun ante la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del accionante.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Las autoridades demandadas, mediante informe escrito cursante de fs. 83 a 87, señalaron que: i) El 22 de octubre de 2008, se radicó ante la Sala Civil Segunda, la apelación interpuesta por Juan López Montecinos contra el Auto de 25 de agosto de 2008, que dispuso rechazar el incidente de nulidad pronunciado por el Juez Cuarto de Partido en lo Civil. Una vez sorteado, se emitió el Auto de Vista de 10 de septiembre de 2010, por el que se dispuso anular obrados hasta el estado en que el Juez a quo regularice procedimiento y dicte nuevo Auto de señalamiento de remate; ii) El Juez a quo, por Auto de 24 de abril de 2008, señaló audiencia de subasta de inmueble y dispuso que sea de conocimiento de Gertrudis Coca de Veizaga, mediante edicto; iii) No obstante su determinación, el a quo, no observó que la publicación del edicto presentada por la actora se efectuó el mismo día del remate del inmueble y con ello incumplió sus deberes previstos en el art. 3 inc. 1) del CPC, de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, provocando la indefensión de la acreedora Gertrudis Coca de Veizaga, por lo cual el Auto dictado se fundamentó en la necesidad de regularizar procedimiento y resolver la causa; y, iv) Una vez notificadas las partes con el Auto de Vista de 10 de septiembre de 2010, no interpusieron el recurso de casación previsto por los arts. 255 y 257 del CPC, considerando que anularon obrados, el cual no fue utilizado por la parte presuntamente agraviada, por cuanto no agotó los recursos legales, inviabilizando la acción de amparo constitucional.
I.2.3. Resolución
La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 16 de marzo de 2011, cursante de fs. 90 a 92, denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) El principio de seguridad jurídica, no es tutelable por la vía de la acción de amparo constitucional, según fue invocado como un derecho por el accionante, no obstante, por su reconocimiento constitucional, no podría ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas a momento de resolver un caso concreto sometido a su competencia; b) La acción de amparo constitucional, no constituye una instancia más a la cual acudir, en el supuesto de que no es un recurso casacional que forma parte de las vías legales ordinarias, por lo que encuentra activación ante la supresión o restricción de derechos fundamentales o garantías constitucionales y no para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas; c) En el marco de las competencias que les fueron asignadas, correspondía establecer si la Sala Civil Segunda quebrantó principios constitucionales uniformadores, a través de la Resolución de 10 de septiembre de 2010, por lo que la tutela debió concederse únicamente ante la evidencia de la vulneración de derechos y garantías constitucionales ocasionadas en la jurisdicción ordinaria, "siempre que vulnere principios y valores constitucionales"; y, d) En la exigencia puntual del debido proceso, la Resolución antes señalada, fue debidamente fundamentada, interpretando correctamente la línea jurisprudencial existente para resolver el incidente de nulidad de remate planteado por Juan López Montecinos, de donde se concluye que la pretensión del accionante se dirige a la valoración de la prueba, ligada a la interpretación de la legalidad ordinaria, confirmando el Auto de 25 de agosto de 2008 y en ese sentido, se le denegó la tutela.
I.3. Consideraciones de Sala
Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, modificada por la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose la Resolución dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
Efectuada la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las conclusiones que se señalan a continuación:
II.1. Cursa la Resolución de 27 de diciembre de 2001, dictada por el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial, mediante la cual, declaró probada la demanda principal e improbadas las excepciones opuestas por el defensor de oficio, por lo que reconoce y "consolida el derecho propietario de los hermanos López - Montecinos en los dos inmuebles, motivo de la Litis (…) disponiendo la división y partición" (sic) (fs. 3 a 8 vta.).
II.2. Mediante memorial de solicitud de ejecutoria del fallo de 27 de diciembre de 2001, presentado el 29 de agosto de 2002 por María Albina López Montecinos y el Auto interlocutorio de 3 de diciembre de 2002 por el cual, declaró la ejecutoria expresa de la merituada Resolución (fs. 9 a 10).
II.3. Consta el Auto de 24 de abril de 2008, que proveyó el señalamiento de audiencia de remate público, para el 3 de junio de 2008 y que a su vez dispuso su conocimiento mediante edicto a Gertrudis Coca de Veizaga, dictado por el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial (fs. 15).
II.4. El acta de remate de 3 de junio de 2008, del bien inmueble ubicado en la zona de Mayorazgo, calle Inti Raimi 2237, distrito 3, subdistrito 2, manzana 2 de Cochabamba, inscrito en DD.RR., con matrícula computarizada 3.01.1.02.0017780 - asiento A-1 de 30 de noviembre de 2002, en el cual se hizo constar la concurrencia de María Albina López Montecinos, Víctor Hugo López Montecinos y Juan López Montecinos y el único postor y adjudicado, Iván Adhemar Llanos Quintela, ahora accionante (fs. 17 a 18).
II.5. Mediante memorial de solicitud de nulidad de subasta, presentado el 13 de junio de 2008 por Juan López Montecinos, impugnando en la vía incidental la nulidad de remate y subasta, por incumplimiento del art. 125.I del CPC, "por no haber sido legalmente citada la señora Gertrudis Coca de Veizaga" (sic) (fs. 20 y vta.).
II.6. Por Auto de 25 de agosto de 2008, mediante el cual, el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial, declaró no haber lugar a la nulidad de obrados, en aplicación del art. 52 del CPC, por no estar legitimado el presentante de la solicitud de nulidad, "por la forma de notificación con el señalamiento de remate a Gertrudis Coca, pues es ésta como parte accesoria y no otra persona quien tiene derecho a objetar su notificación, resultando inviable la petición realizada por Juan López Montecinos" (sic) (fs. 23).
II.7. Cursa el memorial de recurso de apelación, presentado el 1 de septiembre de 2008, por Juan López Montecinos, contra el Auto de 25 de agosto del mismo año, reclamando el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables, supuestamente lesionadas (fs. 42 a 47).
II.8. Mediante el Auto de Vista 169 de 10 de septiembre de 2010, emitido por la Sala Civil Segunda, por el cual, se resolvió la apelación formulada por Juan López Montecinos y que dispuso anular obrados dentro del proceso civil, hasta fs. 337 inclusive, en el estado en que el a quo regularice procedimiento y emita un nuevo auto de señalamiento de remate del bien inmueble en cuestión conforme a las normas procesales vigentes (fs. 34 a 35).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante argumentó que se lesionó sus derechos al debido proceso, a la "seguridad jurídica" y a la propiedad privada, en virtud a que a consecuencia del incidente de nulidad de subasta, interpuesto por Juan López Montecinos, que objetó la notificación edictal de la acreedora Gertrudis Coca de Veizaga; el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial, dictó el Auto de 25 de agosto de 2008, rechazando su oposición, ante lo cual, el incidentista interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Civil Segunda por Auto de Vista 169, que dispuso la nulidad de obrados hasta el estado en que el a quo emita nuevo auto de señalamiento de remate; no obstante que el incidente fue presentado fuera de plazo, emitiendo el Tribunal de alzada, actuados procesales con los cuales tampoco fue notificado en ningún momento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
El art. 128 de CPE, establece el amparo constitucional como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley. Esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada, conforme determina el art. 129.I de la CPE; de donde resulta que: "…no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable".
III.2. El derecho de propiedad
El art. 105 del CC, dispone que: "I. la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico".
La interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional en la SCP 0121/2012 de 2 de mayo, con relación al derecho de propiedad expresó: "En el marco de lo señalado, corresponde precisar que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental expresamente reconocido por el bloque de constitucionalidad; así, el art. 56.I de la CPE, indica que Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social; asimismo, el art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en su primer parágrafo indica: 'Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva'; de la misma forma, el segundo parágrafo de esta disposición, puntualiza: 'nadie será privado arbitrariamente de su propiedad'; también, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 21 consagra el derecho a la propiedad privada, disponiendo en su primer parágrafo lo siguiente: 'Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes'. Además, el segundo numeral de esta disposición dispone que: 'Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa'. A partir de estas disposiciones que forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano de acuerdo al art. 410.I de la CPE, para efectos de una coherente argumentación jurídica, deben mencionarse los elementos constitutivos del contenido esencial del derecho de propiedad, en ese sentido, este derecho fundamental, cuya génesis se encuentra no solamente en el texto constitucional sino también en el bloque de convencionalidad, en su núcleo duro se identifican tres elementos esenciales: i) El derecho de uso; ii) El derecho de goce; y, iii) El derecho de disfrute. Asimismo, estos tres elementos tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia. Por su parte, es imperante además precisar que este núcleo esencial del derecho fundamental de propiedad, genera a su vez obligaciones negativas tanto para el Estado como para particulares que se traducen en las siguientes: a) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, b) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad.
III.3. Del debido proceso y la interpretación de la legalidad ordinaria
Así también, la SC 0499/2011-R de 25 de abril, con relación al entendimiento adoptado, estableció que: "Para que se pueda invocar la ausencia del debido proceso, dentro de determinado proceso judicial, éstas supuestas lesiones deben ser de trascendencia constitucional; vale decir, que las actuaciones judiciales o administrativas efectivamente hayan coartado o restringido una defensa amplia e irrestricta. Así lo señala la jurisprudencia constitucional en la SC 0090/2010-R de 4 de mayo: 'Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación…'".
III.4. La venta judicial perfecta
Según la normativa obligatoria vigente, el art. 545 del Código Procesal Civil (CPC) sobre el pago del precio y aprobación del remate, establece: "I. Dentro de tercero día de realizado el remate, el comprador o adjudicatario, previo pago total del saldo correspondiente al precio del bien rematado pedirá la aprobación del remate; II. El Juez aprobará mediante auto el remate y ordenará se extienda la respectiva escritura pública de transferencia y la protocolización de las actuaciones correspondientes, sin que fuere necesaria la comparecencia del ejecutado; III. Con el pago del precio y la aprobación del remate la venta judicial quedará perfeccionada" (negrillas agregadas).
El art. 548 del CPC, en cuanto al levantamiento de medidas precautorias y entrega del bien, dispone: "I. Toda media precautoria que hubiere recaído sobre el bien rematado se levantará una vez aprobado el remate; II. Pagado el precio, se hará entrega al adjudicatario del bien rematado, librándose al efecto mandamiento de desapoderamiento, que se ejecutará con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario…".
En esta línea, el art. 624 y ss. del CC, relativo a la responsabilidad legal ante una venta, señala que: "I. La responsabilidad del vendedor por la evicción y por los vicios de la cosa tiene lugar aunque no se la haya expresado en el contrato", por lo cual, la venta judicial puede generar responsabilidades por la evicción y vicios de la cosa, según previenen también los subsiguientes artículos, en garantía de que la efectividad del derecho de propiedad reclamado va más allá del hecho de poseer un bien y comprende su uso, goce y disfrute, elementos inherentes al derecho de propiedad.
Por su parte, el art. 1479.I del CC, vigoriza la extinción de los derechos de terceros sobre la cosa vendida, estableciendo que: "I. Cuando el objeto de la venta forzosa es un inmueble o mueble sujeto a registro y la subasta se efectúa con citación de los acreedores que tienen constituidas hipotecas o anticresis sobre el bien, éstas se extinguen desde que el adjudicatario consigna el precio de la venta a la orden del juez" (negrillas nuestras).
El art. 1485 del CC, en lo relativo a las nulidades emergentes, establece que: "No es oponible al adjudicatario o al asignatario la nulidad de actos ejecutivos que hayan precedido a la adjudicación o asignación, excepto el caso de colusión con el acreedor ejecutante…".
III.5. La Jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional de Bolivia
El Tribunal Constitucional de Bolivia, en análisis uniforme de la temática planteada, estableció que:
La SC 1198/2005-R de 29 de septiembre, señala que: "…la venta judicial queda perfeccionada con la aprobación del remate; ello tiene como efecto que el bien subastado deja de pertenecer al ejecutado, para pasar a formar parte del patrimonio del comprador o adjudicatario en el momento de la aprobación del remate", entendimiento que también fue adoptado por la SCP 0604/2012 de 20 de julio.
La SC 0804/2006-R de 17 de agosto, en el mismo sentido, valoró que: "lo que significa, que desde la aprobación del remate el comprador adquiere el derecho propietario sobre la cosa objeto del remate, restando posteriormente al juez del proceso, como vendedor, que proceda a la entrega del bien para que el adjudicatario concluya con el trámite y registro del mismo (…) "…Cabe aclarar que la venta judicial constituye en los hechos una compraventa judicial pública en la que el juez del proceso asume el rol de vendedor y quien se adjudica el bien el de comprador, perfeccionándose la venta judicial con el pago del precio por parte del comprador y la aprobación del remate por parte de la autoridad judicial, por ende, corresponde al Juez del proceso en su calidad de vendedor el efectivizar la entrega del bien objeto del remate, el cual se sobreentiende al ser objeto de un proceso previo se encuentra identificado e individualizado como un bien del ejecutado y que es el objeto del remate, por lo mismo quien acude a un remate en calidad de postor, lo hace con la pretensión de obtener un bien a su favor contando con la certeza de que al constituirse en una venta judicial la misma cuenta con las formalidades legales para asegurar que el objeto de su compra; es decir, el bien adjudicado, le será entregado como en toda compraventa normal, e incluso con la garantía de que quien se constituye en vendedor es la autoridad judicial, lo cual convierte a dicha venta en una de mayor garantía".
III.6.Jurisprudencia del Órgano Judicial
Así también, la doctrina examinada en el Diccionario Moderno de Jurisprudencia, Sucre - Bolivia 1987, pág. 254, compilado por Adolfo Vera del Carpio, correspondiente al Auto Supremo 127 de 3 de julio de 1986, emitido por la Sala Civil Segunda, Gaceta Jurídica 123 (1712); jul 86, estableció que: "Por la doctrina y jurisprudencia nacional, las ventas y compras verificadas en público remate judicial, son las más perfectas y no dan lugar a anulaciones injustificadas, ni procede la acción rescisoria por lesión enorme".
III.7. En cuanto a la seguridad jurídica
En relación al principio de seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0053/2012 de 9 de abril, ha señalado: "En el nuevo orden constitucional, la seguridad jurídica no está instituida como derecho, sino como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o administrativa, tal es así, que el art. 178 de la CPE promulgada el 7 de febrero de 2009, lo establece como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, principio general del ordenamiento jurídico y mandato dirigido a los poderes públicos, que no configura derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda ser tutelado por la acción de amparo constitucional, que por su naturaleza tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales y no principios reconocidos en la Norma Fundamental".
III.8. Análisis del caso concreto
El accionante, demandó la revocatoria del Auto de Vista 169 dictado por la Sala Civil Segunda que dispuso la nulidad de obrados hasta el estado en que el a quo emita nuevo auto de señalamiento de remate, por ser vital y congruente con el restablecimiento de sus derechos al debido proceso, a la "seguridad jurídica" y a la propiedad privada, en virtud a lo cual, transfirió a terceras personas el inmueble registrado en DD.RR. con matrícula computarizada 3.01.1.02.0017780, una vez que estuvo perfeccionado su derecho adquirido mediante venta judicial aprobada, frente a la nulidad dispuesta solicitó la tutela con el propósito que se mantenga incólume el Auto de 25 de agosto de 2008, dictado por el Juez Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial, que rechazó la nulidad de remate y permitió la vigencia de la adjudicación de la que fue objeto el citado inmueble.
Al efecto, el Tribunal de garantías en el presente caso, denegó la tutela en aplicación del principio de subsidiariedad, debido a que el accionante no habría agotado las vías legales mediante la interposición del recurso de casación, previsto por los arts. 255 y 257 del CPC, lo cual no es evidente, ya que por disposición de los arts. 225 inc. 5) y 518 del citado Código, en función a que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia pueden ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior; y, al existir dicha apelación cuya resolución ésta objetada, debió considerar extinguida la vía procesal ordinaria a favor del accionante resolviendo los aspectos demandados; motivo por el cual, la jurisdicción constitucional debe verificar si en dicha labor interpretativa no se han quebrantado derechos y principios constitucionales contra la propiedad privada y el debido proceso, supuestamente lesionados.
En esta línea, con relación a la omisión de pronunciamiento respecto a la falta de legitimación activa del apelante Juan López Montecinos, se constató que no estuvo habilitado para oponer dicha apelación, por no tener derechos en cuanto al ejercicio y eficacia de una pretensión procesal -legitimación activa-, debido a que no acreditó su condición de agraviado o apoderado Gertrudis coca de Veizaga; por lo que, presentó la apelación contra el Auto de 25 de agosto de 2008, sin tener capacitad legal plena ni poder legal de representación, conforme exige el art. 52 del CPC.
En cuanto a la presentación del incidente de nulidad de subasta fuera de plazo, el art. 544.II del CPC, -vigente por la LAPCAF- dispone que la nulidad debe plantearse dentro de tercero día de realizada la subasta, por lo que al haber sido presentado el incidente por Juan López Montecinos, el 13 de junio de 2008, se corroboró que fue interpuesto fuera del plazo, tomando en cuenta que el remate se llevó a cabo el 3 del mismo mes y año, según corre de fs. 17 a 18 de obrados, por lo cual se concluye que se produjeron violaciones al debido proceso en su elemento esencial del derecho a un proceso justo y equitativo, en el que los derechos de las partes se adecúen a las disposiciones jurídicas.
Igualmente, en cuanto a la lesión del derecho a la propiedad privada, los Vocales de la Sala Civil Segunda -ahora demandados- en el dictado del Auto de Vista 169 que dispuso la nulidad de obrados, desconocieron el derecho propietario sobre el bien inmueble adquirido por el accionante en subasta pública, en coherencia con el entendimiento y la normativa señaladas en los Fundamentos Jurídicos III.4 y III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y omitieron considerar que la efectividad del derecho de propiedad reclamado va más allá del simple hecho de poseer un bien y del ejercicio que conlleva además el uso, goce y disfrute que como elementos esenciales son parte del citado derecho; debiendo evaluar que se trataba de un bien inmueble objeto de remate, adjudicado en la vía judicial y cuyos derechos nacieron y fueron efectivizados con la entrega del bien precisamente en instancia judicial, luego que fue aprobado por una autoridad jurisdiccional el remate público -constituyendo por ello una venta perfecta-, con lo cual, restringieron su acceso a una justicia material, extremo en el que su derecho fue desprotegido y omitido, más aún, si desde la adjudicación del inmueble hasta el momento que los Vocales se pronunciaron sobre el incidente y la apelación puesta a su conocimiento transcurrieron mas de dos años.
Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, omitió la regla de interpretación prevista por el art. 91 del CPC, que dispone que: "…el Juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. En caso de duda deberá atender a los principios constitucionales así como a los principios generales del derecho procesal". Por lo cual, procede la tutela solicitada, al haberse confirmado la vulneración de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada.
En cuanto a la seguridad jurídica, al no constituir un derecho, sino un principio, no es posible emitir pronunciamiento alguno.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, no evaluó correctamente los datos del proceso.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 16 de marzo de 2011, cursante de fs. 90 a 92, pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba; y en consecuencia, se CONCEDE la tutela solicitada, disponiendo: la revocatoria del Auto de Vista 169 de 10 de septiembre de 2010, dictado por la Sala Civil Segunda; y, manteniendo firme y subsistente, el Auto de 25 de agosto de 2008, pronunciado por el Juez Cuarto de Partido en lo Civil.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales
MAGISTRADO