SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0014/2012

Así el art. 23.I de la CPE, reconoce el derecho a la libertad personal, estableciendo que ésta sólo puede ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Conforme a ello, el parágrafo III de la misma norma dispone que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.

Por su parte, el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) determina que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) enuncia en su art. 7.1, que: “Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad personal”, el art. 7.2 de la misma dice: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas” y el art. 7.3 establece que “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

Dichas normas constitucionales e internacionales de Derechos Humanos, junto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme el art. 410.II de la CPE, son coincidentes en establecer las condiciones de validez formal y material para la restricción del derecho a la libertad, conforme lo entendió la SC 2558/2010-R de 19 de noviembre, señalando que:“… para que una restricción al derecho a la libertad sea constitucional y  válida, se deben cumplir con determinados requisitos materiales y formales. Respecto a los primeros, sólo se puede restringir el derecho a la libertad en los casos previstos por Ley, que de acuerdo a la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe tratarse de una Ley formal, es decir de aquella que emana del órgano legislativo. Con relación a los requisitos formales, la restricción al derecho a la libertad sólo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia, de conformidad a lo establecido por el art. 23.IV de la CPE.

Estas condiciones de validez, también han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así en la Sentencia de 21 de enero de 1994, caso Gangaram Panday, la Corte señaló: “…Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal)”.

En consecuencia, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, caso Gangaram Panday citada y glosada en la SC 2558/2010-R, la restricción del derecho a la libertad física o personal en medidas cautelares, no cumple con las condiciones de validez en su aspecto formal cuando la autoridad judicial no se sujeta a los procedimientos definidos por el Código de Procedimiento Penal, es decir, a las reglas sobre la detención preventiva, los supuestos de cesación de la misma, sus requisitos y circunstancias para considerar los riesgos procesales, normas que deben ser aplicadas conforme a los criterios de interpretación para la aplicación de medidas cautelares establecidos en la propia Ley Fundamental y en el Código de Procedimiento Penal contenidos en los arts. 23.I de la CPE norma que está en armonía con lo dispuesto en los arts. 7, 221 y primer párrafo del art. 222 del CPP.

Esos criterios de interpretación también están en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. En efecto, la Sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo), caso Suárez Rosero párrafo 77, citando el art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, estableció que la obligación del Estado a través de sus jueces, a tiempo de imponer medidas cautelares privativas de la libertad personal o física, es la no restricción de la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, en razón a que la restricción al derecho a libertad personal en casos de denuncias de prisión preventiva - detención preventiva en nuestra tradición jurídica- están vinculadas con el principio de presunción de inocencia amparado por el art. 8.2 de la CADH. Así señaló: “Esta Corte estima que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el  artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3).  En caso contrario se estaría  cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho universalmente reconocidos”.