SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1230/2013-L

Salomón Morales Fernández, Director Departamental y Albina Abasto Quiroz, Directora Distrito 2 de Educación, por intermedio de su abogado presentaron informe oral en audiencia, manifestando lo siguiente: i) Sus representados son las actuales autoridades y no se encontraban en función de esos cargos el 2011; sin embargo, por responsabilidad institucional se hicieron presentes; ii) El accionante en su demanda solicitó el cumplimiento de los arts. 1 y 2 de la RM 010/2011 y de los arts. 2, 3, 45, 54, 55, 83, 86, 91 de la misma norma y 109, de su anexo 1; y, DS 0813, que define la estructura y las atribuciones de las Direcciones Departamentales de Educación; iii) El accionante estaría solicitando el cumplimiento de una Resolución Ministerial que ya no está en vigencia; puesto que, fue abrogada por RM 001/2012, que en su art. 4 dispone: “se abroga y derogan toda normativa contraria a la presente…” (sic); la cual, también fue derogada por la RM 001/2013, con lo que se demostró que el Ministerio de Educación para cada gestión educativa emite una Resolución Ministerial y a su vez abroga la anterior; iv) Los hechos que se mencionaron en la demanda estaban contemplados como denuncia y no así como petición de que se cumpla una determinada Resolución o Decreto Supremo; y, v) De la documentación recabada se advirtió que a las denuncias efectuadas por el accionante se ha realizado el seguimiento a través de los técnicos de la Dirección Departamental de Educación; en octubre de 2011, vino una personera de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación quién hizo un relevamiento conjuntamente con el personal; por lo que, se le pasó una nota de conminatoria a Walter Romero Saavedra, el 31 de ese mismo mes y año; también al Director General de la Unidad Educativa, con la que se le dió un plazo de setenta y dos horas para que pague una multa, que la han hecho efectiva; la misma que se encuentra certificada.