SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2195/2013

El debido proceso es un derecho fundamental además de un principio y una garantía judicial, que tiene como finalidad el que los procesos judiciales, administrativos y constitucionales se desarrollen bajo la égida de la justicia y equidad, comprende el conjunto de elementos indispensables que deben observar las instancias procesales para garantizar a las partes procesales la posibilidad de defenderse en juicio en igualdad de condiciones de acuerdo al conjunto de derechos y garantías judiciales previstas por la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales, el Tribunal Constitucional anterior a través de la SC 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo que: “…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”. En ese ámbito la SC 1674/2003-R de 24 de noviembre, definió al debido proceso como: "…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica…".