SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2228/2013

           La SCP 0339/2012 de 18 de junio, al hacer referencia al régimen cautelar boliviano y la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 sostuvo que el diseño procedimental y constitucional del código adjetivo penal tiene como una de sus finalidades limitar el poder punitivo del estado “…con el objetivo de encuadrar la persecución penal a los estrictos límites que exige un sólido Estado de Derecho; metas que deben traducirse no solo en el respeto a la dignidad, libertad, igualdad, legitimidad, transparencia entre otros derechos y garantías constitucionales, sino también, al sometimiento y aplicación efectiva de los valores y principios constitucionales establecidos en el art. 8 de la CPE, y que se constituyen en ‘los mecanismos del constitucionalismo moderno, caracterizado por su “dimensión expansiva’ y que incluye entre otros elementos, la asignación de valor normativo directo a la misma Constitución”; en este orden y de la misma manera, no cabe duda que la Ley Fundamental vigente, otorga mayor relevancia al principio de eficacia (art. 178.I de la CPE), priorizando la protección de bienes jurídicos universales y colectivos, pero no admite ningún medio que permita burlar la acción penal y la sanción justa.